La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 10 de noviembre la deliberación sobre el recurso presentado por la Fiscalía contra la absolución del coronel de la Guardia Civil F.G.S. del delito de narcotráfico por el que fue juzgado en junio de 2019 en la Audiencia de Granada y para el que el Ministerio Público pide una condena de nueve años y tres meses de prisión.
La Fiscalía del Supremo pide concretamente que se dicte una nueva sentencia en la que se condene al coronel a cuatro años de prisión por un delito de cohecho y a otros cinco años y tres meses por otro contra la salud pública. Solicita además la imposición de dos multas que suman 6,3 millones de euros, según consta en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.
Este coronel, que en el momento de los hechos tenía mando en todas las operaciones antidroga de la provincia, fue juzgado acusado de permitir en 2006 la entrada de toneladas de hachís por la costa granadina a cambio de dinero. La Audiencia de Granada consideró acreditado el delito contra la salud pública, pero lo dio por prescrito al no aplicarle la agravante que pedían las acusaciones atendiendo a la ingente cantidad de droga que, según ellas, había introducido desde Marruecos.
Así, aunque la Audiencia determinó que "en efecto acordó" con un confidente "la entrada de droga", no fue interceptada lo que, a juicio de la Sala, impide saber con certeza si alcanzó el peso necesario para apreciar la agravante del delito que permitiría que la responsabilidad penal siguiera vigente.
La Fiscalía del Supremo no está de acuerdo con este argumento y mantiene que la lectura de los hechos probados permite sostener que en el marco de dos operaciones que culminaron con éxito se introdujeron 4.000 kilos de hachís en el mercado ilícito, aunque la droga no fuera interceptada. A ello se suma la existencia de una estructura y de una serie de medios, como lanchas y camiones guarderías, que evidencian que se trató de una operación de "extrema gravedad".
Respecto al delito de cohecho, del que también fue absuelto, el fiscal del caso sostuvo que el acuerdo fijaba una contraprestación; es decir, que se facilitaba la entrada de droga a cambio de una cantidad de dinero. La Fiscalía advierte a este respecto de que la sentencia de la Audiencia de Granada da por "probado el acuerdo", pero no entra a valorar la contraprestación al acusado ni "qué ha ocurrido con esas dos primeras entregas de 120.000 euros que según la acusación había de percibir".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha ejercido la acusación popular, también ha recurrido la absolución del coronel alegando que sí concurre la agravante que evitaría la prescripción del delito en tanto que hay constancia de que la cantidad de hachís objeto de las operaciones en las que supuestamente participó es "muy relevante", así como de que se trataba de una red internacional dedicada al tráfico de drogas.
Así las cosas, en una providencia fechada el 18 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, da por admitidos los recursos y señala el 10 de noviembre para la "deliberación y decisión". La Sala estará constituida por el propio Marchena, que la presidirá, y otros cuatro magistrados más.
