Manuel Martínez de Murga, miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM), acabó la jornada en Granada en un acto para recaudar fondos para la caja de resistencia. “Nos va a venir bien”, advierte, porque se teme que continúen en estos días las detenciones por parte de la Policía Nacional contra trabajadores del sector y participantes en los graves altercados registrados durante la huelga del sector.
Hoy fueron seis, tres, de plantillas de empresas vinculadas a la actividad; y otros tres, manifestantes. Se les imputan la presunta autoría de delitos de desórdenes públicos, atentados contra agentes de la autoridad, lesiones y daños, según una nota distribuida por la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz, y necesitarán ayuda de la caja de resistencia para afrontar los gastos derivados de los juicios, que se celebrarán entre los próximos días 12 y 13 de enero.
Uno fue arrestado cuando acudió a la Comisaría de Cádiz, donde fue citado previamente; cuatro fueron detenidos en sus domicilios en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real; el último, también en la zona, cuando, según su testimonio, llevaba a su hija al colegio.
“No he tirado piedras ni he quemado nada”, asegura. “Me han enseñado un vídeo en el que empujo un contenedor, pero no hice nada. Había un lío grande y solo bajé como mucha gente del barrio a ver qué pasaba y estuve en la manifestación de Cádiz”, insiste sin perder la calma.
Su cuñada no oculta su indignación, por el contrario. “No me callo y si me detienen se lo diré al juez: la Policía invadió el barrio, lo convirtió en zona de guerra, los agentes vinieron a amedrentarnos con la dichosa tanqueta, los de las UIP (Unidades de Intervención Policial) trataron de criminalizar la lucha de los trabajadores”, exclama, y recuerda que todo esto lo contó a una cámara de Televisión Española. Las imágenes se viralizaron: “Los puse a todos de sicarios”.
El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se apresuró asimismo a salir en defensa de los detenidos. En un tuit, lamentó las detenciones de “padres de familia” y, tras remarcar que “es una vergüenza”, reiteró la petición de dimisión del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y que asuma responsabilidades el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por “la represión por desarrollar un derecho fundamental”.
Fuentes municipales reiteraron los argumentos del primer edil incluso después de que trascendiera, según fuentes de la investigación, que uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por robo con violencia y otro había salido de prisión recientemente tras cumplir condena por homicidio. Y uno de los identificados por la Policía Nacional como violento durante los altercados no pudo ser arrestado porque ya se encontraba internado en Puerto III como presunto autor de un robo con intimidación.
El representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz tachó de “pura basura” la filtración de los antecedentes. “No sé si es lícito que se revelen estos datos, pero la información no viene al cuento”, sostuvo.
Una treintena de personas, entre ellas Murga, se concentraron frente a la Comisaría de la Policía Nacional en El Puerto en protesta por las detenciones.
La huelga del metal comenzó a mediados del mes de noviembre y duró diez días. Durante la primera semana de movilizaciones se produjeron disturbios en Cádiz y durante la gran manifestación celebrada el día 23.
Pero la barriada del Río San Pedro vivió episodios de mucha tensión con altercados a la puerta del colegio, disparos de pelotas de goma, uso de gases lacrimógenos, cargas policiales y la presencia de una tanqueta que desencadenó una guerra política que dividió incluso al propio Gobierno de Pedro Sánchez sobre la idoneidad de su utilización para retirar el material usado en las barricadas.
