Con razón, el Gobierno central y las comunidades autónomas tienen puestas muchas esperanzas en la lluvia de millones de euros que están llegando de Bruselas procedentes de varios programas de recuperación para superar los destrozos causados por la pandemia. Inversiones faraónicas que recaerán en un porcentaje altísimo en grandes corporaciones empresariales. En menor volumen en las empresas medianas y pequeñas. El voluminoso montante de ese dinero tendrá que gastarse a tiempo, sea el que sea, autorizada la ampliación de los plazos autorizados por la Unión Europea a los países miembros después de muchas reclamaciones, entre ellas, las de la Junta de Andalucía.
Con todo, se está hablando poco o casi nada de una clara indicación Bruselas sobre otro de los aspectos a los que concede una importancia capital: a la modernización de las administraciones públicas bajo la premisa de que todas las instituciones, la del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos tienen un papel fundamental en el buen funcionamiento de la economía. Tanto es así que considera que la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial tractor sobre la transformación del tejido productivo supone un factor fundamental de productividad, de crecimiento y bienestar, impulsando la innovación y contribuyendo de forma decisiva a la transformación del conjunto de sectores.
Sobre estos parámetros debatieron el pasado viernes en el salón de actos de la Rábida cinco altísimos funcionarios de Diputaciones provinciales andaluzas, levantinas y castellano-leonesas. Empleados públicos que quieren superar la tradicional imagen del funcionario desmotivado, desfasado por las nuevas tecnologías y, en no pocas ocasiones, arrastrado por la indolencia de los horarios y la queja constante de los ciudadanos. En algunas administraciones, de hecho, está surgiendo este discurso. Incluso existen ya foros creados por los propios trabajadores del sector público que creen en ello, que no se consideran frikis extraños, y que prefieren llamarse emprendedores públicos a los que deben ir destinados un número importante de paquetes de formación digital y tecnológica.
De todo ello tomaron buena nota en el Foro Innovar desde lo público la secretaria de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, y la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón Bayo, sabedoras de que los fondos Next Generation contemplan inversiones importantes para aplicar la innovación a la gestión local. El año pasado los municipios más pequeños quedaron fuera. Sería deseable que este año no ocurriera lo mismo, como destacaron los representes provinciales que atienden en un altísimo porcentaje a los municipios de menos de 5.000 habitantes.
