Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, Adelante ha pedido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, una "respuesta contundente y nítida" a la reivindicación de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936; recordando el primer edil que tal extremo excede "la competencia municipal" y mostrando su convicción de que la demanda será satisfecha una vez entre en vigor la futura nueva ley estatal de memoria histórica y democrática.
En el capítulo de las preguntas y ruegos de los grupos al Gobierno local, la portavoz del Grupo de Adelante, Susana Serrano (Podemos), ha indicado que para Sevilla constituye "una vergüenza" que un lugar tan simbólico y "querido" por la ciudadanía como la basílica de la Macarena siga acogiendo la tumba de un "genocida" como el general Gonzalo Queipo de Llano, pesando el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
En ese contexto, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares".
La ley autonómica
Pero más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, idea que esgrime igualmente la hermandad de la Macarena, según la cual con la Ley Andaluza de Memoria tal como está "dictada", sin un "reglamento que la perfeccione", no pesa "ninguna obligación de sacar" los restos del militar.
En ese marco, Susana Serrano ha reclamado al alcalde que aclare su "grado de implicación" con el asunto, solicitando una "respuesta contundente y nítida" a una reivindicación que constituye una "deuda histórica con las víctimas del fascismo". Así, ha pedido al alcalde que especifique "qué va a hacer" para solucionar el asunto.
El alcalde, de su lado, ha defendido que el Ayuntamiento de Sevilla es "un referente" en iniciativas de memoria histórica y democrática, recordando que la extracción de la tumba de la basílica de la Macarena "no es una competencia municipal", es decir que el Consistorio no puede "definir ni cuándo ni cómo" sacar el sepulcro.
El borrador de la regulación estatal
Al respecto, ha asegurado que cuando entre en vigor la futura nueva ley estatal de memoria histórica y democrática, en relevo de la de 2007, "no habrá ninguna duda del marco jurídico para sacar la tumba", pues el borrador de la nueva normativa "prohíbe expresamente que dirigentes del golpe de Estado de 1936 estén enterrados en lugares de acceso público", extremo que despejará los "resquicios" de la normativa andaluza.
A tal efecto, ha indicado que el propio hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, se ha comprometido públicamente a "ejecutar" la nueva ley cuando rija la misma, con lo que la hermandad "está esperando que la ley le diga cómo y cuándo" sacar la tumba.
Si bien Serrano ha insistido en que la ley andaluza de memoria histórica "ya ampara la retirada de la simbología fascista", considerando que no hace falta "esperar a la nueva ley estatal" y reclamando a Muñoz que aclare "si va a mediar", el primer edil ha defendido que ha "hablado" con la hermandad, el arzobispo y la consejera de Cultura. Según sus palabras, sólo puede "incidir o influir", pero la competencia no es municipal.
Tras ello, diversas personas de los colectivos memorialistas que asistían al pleno como público se han levantado de sus asientos, alzando carteles reivindicativos y entonando cánticos, lo que ha motivado su desalojo ordenado del pleno al no estar permitido dicho comportamiento.
