El Sindicato Profesional de Vigilantes ha criticado este martes la "intolerable permisividad" del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla con la empresa de seguridad Mersant Vigilancia, a cuenta de las contrataciones públicas con esta entidad marcada por un prolongado conflicto laboral derivado de los impagos a su plantilla.
A tal efecto, el sindicato reclama a los poderes públicos que "expulsen definitivamente del sector público" a las empresas "fraudulentas" y "eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos".
"Consideramos esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir y, sobre todo, hacer cumplir la ley".
Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla acordaba imponer una "penalidad" de 17.400 euros a la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria del contrato correspondiente a la vigilancia y seguridad de los colegios públicos de la ciudad y de los centros de educación permanente, entidad de la que participa Mersant, "por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social" y "retrasos" en el abono de las nóminas a la plantilla.
