El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acogerá este lunes la reunión convocada por el Ayuntamiento de la capital hispalense en que participará el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la dirección de la multinacional andaluza Abengoa para debatir sobre el futuro de la empresa tras el rechazo definitivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al rescate de 249 millones a la compañía.
El Consistorio de Sevilla ha explicado a través de un comunicado que está confirmada la asistencia de la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, y, por parte de la Junta de Andalucía, del consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco. Asimismo, asistirá una representación de la dirección de la empresa.
El alcalde, Antonio Muñoz, ha convocado esta reunión a instancias de la plantilla que a través del comité de empresa y de trabajadores le solicitaron que fuera el Ayuntamiento quien tratara de favorecer el diálogo y unir a todas las administraciones y a la dirección de la empresa dada la "compleja" situación de la empresa en estos momentos y la necesidad de encontrar soluciones para evitar la pérdida de empleo de calidad y de una compañía de un sector estratégico para la ciudad.
"Sevilla no se puede permitir perder una empresa estratégica y la destrucción de empleo de calidad que va a suponer. Por eso, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles entre todas las administraciones y desde el diálogo y la defensa del interés general encontrar una solución para la empresa", ha detallado Muñoz.
Este viernes el juez del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla encargado del procedimiento concursal de Abengoa ha decidido abrir la fase de liquidación de la empresa, por lo que ha declarado la disolución de la misma y el cese de todos sus administradores, según ha informado la compañía en un comunicado.
El juzgado ha decidido dejar en suspenso las facultades de administración y disposición de Abengoa sobre su patrimonio tal y como viene recogido en la Ley Concursal.
El juez ha ordenado a la empresa que presente el plan de liquidación de bienes y derechos integrados en la masa activa, como se recoge en la legislación sobre concurso de acreedores.
