Facua, que representa a 79 de los afectados por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria; ha manifestado este lunes que no comparte "en absoluto" la decisión de la Fiscalía de no presentar cargos en su escrito de acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla procesada en esta causa seguida por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla.
Una cosa es la saturación en el trabajo y otra que (la labor) se haga tan mal como para ser consideraba delictiva la mala praxisEl portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha recordado en declaraciones a Europa Press que en su escrito de acusación en nombre de los citados 79 afectados, su organización reclama para la veterinaria municipal, María José O.B., un total de diez años y un día de prisión; más al detalle seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro años más por falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.
Además, Facua solicita para ella nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano; así como cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.
LA "MALA PRAXIS" DE LA VETERINARIA
Y es que mientras la Fiscalía considera que la veterinaria municipal encausada no incurrió en una "imprudencia grave" de relevancia penal, señalando especialmente "la falta de medios del Servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de la existencia de solo nueve veterinarios oficiales para todo el Distrito de Sevilla"; Rubén Sánchez ha argumentado que la "mala praxis" de la veterinaria municipal "favoreció que la empresa (Magrudis) siguiese funcionando" pese a sus diferentes incumplimientos e incluso "redujo el nivel de riesgo al que se debía considerar" a la misma en materia de tratamiento.
Ello, "independientemente de que el Ayuntamiento tenga un número muy reducido de veterinarios", extremo que ha lamentado Rubén Sánchez, reclamando una mayor dotación de efectivos. "Una cosa es la saturación en el trabajo y otra que (la labor) se haga tan mal como para ser consideraba delictiva la mala praxis", ha aseverado Rubén Sánchez, insistiendo en que tal es el caso de la funcionaria y que Facua no coincide "en absoluto" con la postura de la Fiscalía con relación a la veterinaria municipal.
EL ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Eso sí, la Fiscalía señala en paralelo en su escrito de acusación "la falta de control efectivo del Ayuntamiento de Sevilla, que recibe la declaración responsable y la asume como de su competencia, dado que no existe constancia de que diera traslado de la documentación a ningún otro organismo o administración".
De todo ello deriva, según el Ministerio Público, "la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, que deberá asumir las consecuencias de su inacción, acción deficiente y acción tardía, por cuanto supone de funcionamiento anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido".
