Esta medida ha sido acordada después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) eximiera “de responsabilidades al Estado por no haber vigilado a estas empresas, contradiciendo así las tesis que motivaron la intervención y posterior paralización de estas compañías”.
Según explican los afectados, “el tiempo, la desidia de la justicia y una nula respuesta política, están haciendo que los afectados por esta intervención caigan en la desesperación, agudizándose en ellos, por este motivo, la actual crisis que atraviesa nuestro país. Sabiendo que, cuatro años después de la misma, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional continúa buscando las pruebas que demuestren los delitos imputados a los directivos de esta empresa”.
Desde esta asociación ‘Plataforma Blanca’, se ha venido trabajando desde el día de la intervención para lograr la recuperación, a la mayor brevedad, de los ahorros de todos los afectados.
