Tras la decisión de Varela, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado un pleno extraordinario este viernes con un único punto en el orden del día: estudiar el auto de apertura de juicio oral a Garzón por un presunto delito de prevaricación y decidir si le suspende cautelarmente de sus funciones en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En el auto, Varela rebate el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (Manos Limpias y Libertad e Identidad, las únicas que acusan a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo) carecen de legitimación procesal para sentarle en el banquillo.
El instructor critica la posición del fiscal, que, dice, “omite, olvida o ignora” el criterio del Supremo respecto a la posibilidad de decretar la apertura de juicio oral a instancias solo de la acusación popular, y afirma que él nunca ha cambiado de posición jurídica favorable sobre la suficiencia de dicha acusación.
En el auto se designa como órgano competente para enjuiciar a Garzón a los magistrados que admitieron a trámite las querellas que dieron origen a esta causa: Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, considera la decisión de Varela como “muy grave, precipitada y completamente injustificable”.
Según explicó la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en el pleno del viernes se debatirá si se puede permitir el traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional si finalmente es suspendido.
