En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, De la Vega indicó que, además de los nuevos "criterios" incluidos ya en el documento, el texto sufrirá nuevos cambios "al transformarse en proyecto de Ley", tal y como está previsto de cara a su tramitación en parlamentaria.
Según dijo, la voluntad del Gobierno sigue siendo alcanzar el mayor grado de consenso en torno a la reforma laboral, y, en este sentido, insistió en que "si el texto no cuenta con la rúbrica de los agentes sociales, sí cuenta con el espíritu de sus aportaciones", conjuga los intereses de empresarios y sindicatos y es "equilibrado".
Según aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, el decreto "ambiciona que el despido sea la última opción y que nunca sea la más fácil". Por el contrario, indicó que la reforma laboral, "la más importante de los últimos 20 años", tratará de reducir la temporalidad excesiva y dotará de "más estabilidad al empleo".
Además, precisó que el decreto persigue permitir adaptar las condiciones de trabajo, "también las salariales", a la situación económica, y clarifica las causas del despido por motivos económico, técnico o de producción, mientras que se mantienen las indemnizaciones que actualmente se perciben.
Con esta reforma "ambiciosa, sustantiva y de calado" el Gobierno trata de lograr que la recuperación se traduzca "en más y mejor empleo", en mayor estabilidad laboral, en una mayor "flexibilidad" y en un aumento de productividad y la competitividad", añadió De la Vega.
"Afrontamos la reforma laboral desde la iniciativa y la convicción de su necesidad, desde la responsabilidad, que no eludimos ni diluimos, así como desde el diálogo", concluyó.
Corbacho
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros ha incluido algunas novedades respecto al documento del pasado viernes, entre ellas que el abono de ocho días de la indemnización por despido por parte del Fondo Garantía Salarial (Fogasa) no incluirá sólo a los contratos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido improcedente), sino también a los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización).
Corbacho, que confirmó que el decreto aprobado hoy se tramitará como proyecto de ley, también señaló que se ha retrasado dos años el plazo para elevar de ocho a doce días la indemnización por fin de contrato temporal. Así, la medida empezará a aplicarse a partir de 2012, de tal forma que la indemnización irá subiendo un día por año, hasta llegar a un total de doce en 2016.
Respecto al modelo austriaco, el ministro de Trabajo anunció que el fondo de capitalización se diseñará mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año y que, en ningún caso, supondrá la elevación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Otra novedad es el levantamiento del veto a las ETT para que puedan operar en el sector público.
