El pasado 27 de septiembre de 2023, Ecologistas en Acción interpuso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla recurso contra la Resolución la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva por la que se otorgó la determinación de confidencialidad por secreto industrial y comercial de parte de la información técnica que integra la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para Planta de producción de metales de alta pureza (planta E-LIX) promovida por Atalaya Riotinto Minera (ARM) en Minas de Riotinto, según recoge Manuel J. Florencio en su blog.
Resulta especialmente sorprendente a juicio de Ecologistas en Acción que inicialmente, con fecha 8 de agosto de 2022, el entonces Delegado Territorial en Huelva, José Enrique Borrallo Romero, resolvió denegar la determinación de confidencialidad por secreto industrial y comercial por tres motivos:
La solicitud de determinación de confidencialidad realizada por ATALAYA RIOTINTO MINERA S.L. justifica sólo parcialmente el cumplimiento de lo dispuesto legalmente, aportando sólo documentación justificativa de que Eva María Laín Rodríguez es titular en exclusiva de los derechos sobre el secreto empresarial del mismo.
No obstante, ATALAYA RIOTINTO MINERA S.L ha solicitado que se consideren confidenciales apartados completos de documentos técnicos que tienen trascendencia ambiental determinante en el proceso de evaluación del impacto ambiental al que deberá someterse la solicitud de Autorización Ambiental Integrada. Dichos apartados contienen información para la que no se ha justificado la trascendencia comercial o industrial de la confidencialidad frente a personas o entidades distintas de la Administración.
La estimación de confidencialidad solicitada resultaría contraria al principio de información, transparencia y participación regulado en el Art. 3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y en el Art. 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sin que exista justificación comercial o industrial que lo avale.
La empresa Atalaya Riotinto Minera no recurrió esa resolución denegatoria, sino que simplemente presentó un nuevo escrito justificativo y tan sólo un par de semanas después, el 26 de agosto de 2022, el nuevo Delegado Territorial, Álvaro de Burgos Mazo, que sustituyó temporalmente al anterior Delegado, dictó una nueva resolución otorgando la determinación de confidencialidad por secreto industrial y comercial que anteriormente se había denegado.
Ecologistas en Acción tuvo conocimiento de esta última resolución cuando se produjo el primer anuncio de información pública en el BOJA del 28 de octubre de 2022 e inmediatamente interpuso recurso contra la misma, pero la Consejería lo inadmitió y es por ello que se ha interpuesto ahora el recurso ante la Sala del TSJA.
Ecologistas cuenta cómo en la noche del miércoles "hemos podido asistir a su vez a una exposición del proceso industrial por parte de Eva Laín, CEO de Laín Tech, en el programa “El Hormiguero” de Antena 3". Y añade: "Valoramos muy positivamente la intención de difundir el conocimiento científico en un programa de máxima audiencia como este. No obstante, no comprendemos cómo esta misma disposición no se ha dado por parte de la empresa promotora de la planta industrial, Atalaya Riotinto Minera, y la Administración Pública andaluza, que han ocultado información relevante de forma sistemática durante la tramitación de la autorización ambiental integrada de la planta E-LIX".
Resulta significativo para los Verdes que la AAI para la Planta E-lix se produce en paralelo con otra autorización ambiental y minera para el recrecimiento de 42 metros de las presas de las balsas de lodos tóxicos de Atalaya Riotinto Minera, para incrementar en 161 millones de toneladas los residuos mineros en forma de lodos que muy probablemente provienen de esa Planta E-lix, cuya información sobre producción de residuos se ha ocultado a la información pública.
Afirma que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) se ha otorgado ocultando información sobre el consumo y vertido de aguas del proceso industrial y sobre el consumo y manejo de reactivos químicos altamente contaminantes
