La publicación en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles 4, del Real Decreto de 5 de septiembre en el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, del complemento general de puesto, así como los importes por sustituciones que impliquen desempeñar otra función a la asignada, ha desatado un fuerte malestar entre las organizaciones sindicales (CSIF, STAJ, SPJ-USO, CC OO y UGT) que representan a 45.000 funcionarios de Justicia en toda España (unos 1.900 en la provincia de Málaga).
Esta publicación por parte del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se ha realizado después de que el Consejo de Ministros lo acordara ayer, martes, para dar cumplimiento al acuerdo entre la Administración del Estado y el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que dio por finalizada la huelga de 45 días el pasado 28 de marzo.
Dicho acuerdo, que conlleva subidas retributivas graduales hasta diciembre de 2024, de entre 430 y 450 euros brutos al mes para los cerca de 4.300 secretarios judiciales de España (alrededor de 157 en Málaga), será recurrido por vía judicial, según indicaron fuentes sindicales, que consideran "que se trata de un acto ilegal puesto que no se ha negociado con los representantes legítimos de los funcionarios, entre los que se incluyen también los secretarios judiciales", según explicó un delegado de CSIF en Málaga.
Tanto representantes del Ministerio de Justicia como de Hacienda suscribieron esa subida salarial para los LAJ con tres asociaciones profesionales ( UPSJ, AinLaj y CNLAJ), que convocaron la huelga a principios de año, y que defienden su derecho a una negociación colectiva propia.
Los sindicatos consideran que son sus representantes como Cuerpo de Superior de Funcionarios, por lo que el Gobierno debería de haber negociado en la Mesa Sectorial Estatal con dichas organizaciones sindicales.
Además sostienen que han sido discriminados salarialmente con dicho acuerdo, al no haberse sentado ni siquiera a negociar el Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales que desde el pasado mes de abril comenzaron reclamaciones laborales con protestas y jornadas de huelga en toda España. Unas actuaciones que en la provincia de Málaga han generado miles de suspensiones de juicios y retrasos en expedientes en todas las jurisdicciones.
No obstante, las tres asociaciones de letrados judiciales han difundido un comunicado en el que recuerdan a la ministra Pilar Llop que "quedan por cumplir medidas como la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados, donde se elimine la cuarta categoría", y se establezca un régimen de los encargados de los Registro Civiles, así como el sistema para las libranzas y sustituciones.
Además, el BOE publica también hoy otra disposición que comporta la actualización del régimen retributivo para los jueces y fiscales, con el que se da así cumplimiento al acuerdo que firmaron las seis asociaciones profesionales de la carrera fiscal y judicial (excepto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que lo rechazó por insuficiente). En el mismo se contemplan incrementos salariales similares a los de los LAJ.
En este caso, los sindicatos no cuestionan la formalidad de dicho acuerdo por cuanto creen legítima dicha negociación concluida en mayo pasado, al estar prohibida la sindicación a magistrados y fiscales. Pero sin embargo, sí reprochan que la subida de las nóminas "no llegue al 93% de los funcionarios que sacan a diario el trabajo en los juzgados españoles".
NUEVA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PERSONAL EN MÁLAGA
Por otra parte, los 23 delegados de los trabajadores que fueron elegidos en la elecciones sindicales de Málaga del pasado 20 de junio, han designado como nueva presidenta de la Junta de Personal de Justicia en este provincia a Ana Belén Andrés Alcaide, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que fue la organización más votada (7).
Andrés es funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal después de que ingresara en el departamento de Justicia estatal en el año 2008. Ha sido una de las caras sindicales más visibles en la provincia de Málaga, durante el conflicto laboral con el Ministerio de Justicia que todavía se mantiene.
Su sindicato también ha venido reclamando a la Junta de Andalucía la devolución del importe equivalente a dos pagas extraordinarias (unos 3.000 euros de media), que perdieron por los recortes de la crisis los funcionarios de Justicia andaluces en 2013 y 2014, y que en los últimos días se ha vuelto a reivindicar a la Consejería que dirige el popular José Antonio Nieto.
La secretaría de la Junta de Personal será también ocupada por otra delegada de STAJ después de que en la reunión celebrada ayer en la Ciudad de la Justicia de Teatinos, SPJ-USO, segunda fuerza (6), diera su respaldo a STAJ, mientras que el resto de delegados CSIF (5), UGT (3) y CC OO (2) se abstuvo en ambas designaciones. Hasta ayer, UGT detentaba la presidencia de la Junta de Personal malagueña, pese a que en 2019 USO fue el sindicato con mayor representación.
