La vista, en la que comparecerán todas las partes, comenzará a las 10.30 horas y fue solicitada expresamente por la Fiscalía, mientras que el nuevo partido de la izquierda abertzale no la estimó necesaria.
Según fuentes del TS, la Sala especial -integrada por quince magistrados más el presidente del TS, Carlos Dívar- decidirá en la vista sobre la prueba documental y testifical-pericial solicitada por las partes.
Los testigos propuestos por los servicios jurídicos del Estado son los agentes firmantes de los informes de la Policía y la Guardia Civil sobre Sortu para que se ratifiquen en su contenido, mientras que la Fiscalía ha solicitado que sean citados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tres guardias civiles.
No obstante, los testigos solicitados han sido citados para mañana ante la posibilidad de que tengan que declarar, mientras que también el Supremo libró los correspondientes oficios sobre la documental propuesta para poder disponer de ella si finalmente es admitida.
Tras la práctica de la prueba los demandantes y Sortu expondrán sus conclusiones y tras ello los dieciséis magistrados se retirarán a deliberar.
La primera de las demandas para que Sortu no acuda a las urnas fue presentada el pasado día 3 por la Abogacía General del Estado, que, tras analizar los informes de la Policía y la Guardia Civil, concluyó que el rechazo estatutario del terrorismo por parte de esta formación es "cosmético" y no suficiente para demostrar que se han roto totalmente los vínculos con el mundo etarra.
La demanda incluía entre otros indicios que acreditarían que la formación está al servicio de ETA cinco "conexiones directas" con la banda terrorista.
Por su parte, la Fiscalía aportaba, en la demanda que presentó cuatro días después y que ha sido acumulada con la del Gobierno, nueve indicios de la conexión entre Sortu y ETA-Batasuna, entre ellos la implicación de destacados miembros de la formación ilegalizada en la presentación del proyecto, así como el visto bueno de ETA a la apuesta abertzale.
El Alto Tribunal dejó en suspenso la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior el pasado 3 de marzo tras admitir la demanda del Gobierno.
El nuevo partido de la izquierda abertzale ha alegado ante el Supremo que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA, ya que sus estatutos suponen "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político" para quienes practican la violencia.
Sortu no solicitó esta vista pública porque cree que "la prueba que sustenta este procedimiento es, única y exclusivamente, documental".
Además, consideran que son documentos para cuya valoración no son necesarios conocimientos técnicos especializados y "los informes cuya ratificación o ampliación en la vista se solicita por los demandantes sólo contienen meras inferencias o deducciones de sus autores, labor que compete en exclusiva a la Sala".
El Supremo no tardará mucho en resolver, ya que se ha comprometido por la trascendencia del caso a acelerar los trámites para tener una sentencia antes de que se convoquen las elecciones del 22 de mayo el próximo 28 de marzo.
