El dictamen del CESS, que cuenta con un voto particular de los empresarios que apoya la exención parcial de la tasa de apertura pero pide suprimir el IAE, apoya las bonificaciones a los desfavorecidos pero cuestiona los incrementos tarifarios de Tussam (una media del 2%) y el bus gratuito para la tercera edad, que debería estar sujeto a rentas.
Tampoco comparte la renuncia a la actualización de los valores catastrales del IBI, al considerar que es el impuesto “con mayor poder recaudatorio del Ayuntamiento” y critica la congelación de las tasas de Mercasevilla.
También considera “poco significativa” la rebaja del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (sello del coche) y cuestiona que las tarifas por el abastecimiento de agua pierdan “la consideración de tasa” para convertirse en “precio privado”.
Además, alerta de un “afán recaudatorio absoluto” que se contemple pasar de la gratuidad absoluta de las carreras populares a un precio público por encima del IPC.
