En la vista, los abogados han pedido que se anule la fianza de 30.000 euros impuesta a cada uno.Durante la vista celebrada ante el magistrado que presidirá el jurado popular, el fiscal Arcadio Martínez consideró claro el delito de cohecho por el que serán juzgados, pues no puede definirse de otra manera la entrega de 12.000 euros a una concejal para conseguir su voto en un pleno municipal.
Únicamente admitió que se retire la referencia a que Pavón, al igual que los demás acusados, iba a obtener un beneficio económico de la operación, hecho que aparece recogido en el auto de apertura de juicio pero no en los escritos de calificación del fiscal y del PSOE, que ejerce la acusación popular.
El abogado de Pavón, José María Calero, denunció que el juez de instrucción 2 hizo una “insuficiente depuración” de las pruebas “contaminadas” y las que siguen siendo válidas tras la decisión de la Audiencia de anular los “pinchazos” telefónicos a los acusados por falta de motivación.
