Según fuentes del caso, esta denuncia penal fue presentada en el juzgado de guardia y, por reparto, ha recaído en el juzgado de instrucción 6, el mismo que investiga las irregularidades en los ERE de Mercasevilla y de otras empresas, así como las ayudas sociolaborales de la Junta.
La querella se dirige contra el viceconsejero Mañas, el director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, y dos sucesivos jefes del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral, R. A. y P. F, y ha sido admitida a trámite por la jueza Alaya.
Los denunciantes son tres de los 74 trabajadores de Mercasevilla acogidos al expediente de regulación del 2003 del mercado central sevillano, que imputan un delito de prevaricación administrativa porque desde mayo del 2011, a raíz de la investigación sobre los ERE fraudulentos, dejaron de cobrar sus prejubilaciones en Mercasevilla.
La Junta les comunicó que el motivo de la suspensión era que a diciembre del 2003 no habían cumplido los 50 años, lo que no es el caso según los denunciantes, que dicen haber sido víctimas de discriminación, puesto que después de siete años, y sólo cuando la jueza inició la causa judicial por las irregularidades en los ERE, vieron suspendidas sus prestaciones.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Empleo han asegurado que estos prejubilados de Mercasevilla no cumplían los requisitos aprobados en el ERE. Tras afirmar que los prejubilados están en su derecho de acudir a la Justicia si estiman que sus derechos han sido vulnerados, las fuentes han señalado que han actuado "tras una investigación exhaustiva que ha sido llevada a cabo por funcionarios".
Al comprobar que no cumplían esos requisitos del ERE de Mercasevilla de 2003, que fijaba como condición haber cumplido como mínimo los 50 años antes del 31 de diciembre de 2003, "de manera preventiva y hasta que la jueza dictamine, la Consejería de Empleo ha suspendido el pago de las pólizas", al igual que ha ocurrido en otros ERE en los que se han detectado irregularidades", han explicado dichas fuentes.
