Según la delegada de Hacienda, Ascensión Hita, “este acuerdo permite una agilización en la disposición de la información y una disminución en los costes, aprovechando al máximo el desarrollo de las nuevas tecnologías”.
El objeto de este documento es establecer un marco general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se rige el intercambio de información que precisen la Agencia Tributaria y la administración local para el desarrollo de sus funciones, preservando en todos los casos los derechos de las personas a las que se refiera esa información.
Este acuerdo recoge también específicamente que el suministro de información respetará los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, así como a la protección de datos personales que prescriben los apartados uno y cuatro del artículo 18 de la Constitución española.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras administraciones y entes públicos, nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se le encomiende.
Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación constituida por entidades locales, declarada de utilidad pública mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 1985, con el objetivo de la protección y promoción de sus intereses comunes.
