La juez Mercedes Alaya, que ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para Fernández, asegura que la "justificación fundamental" del exconsejero en su declaración ha sido que la publicidad del procedimiento utilizado para las ayudas derivaba de la ley de presupuestos y del Programa de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de la Agencia IDEA, publicados en el BOJA, además de las modificaciones presupuestarias.
Junto a que este argumento podría poner de manifiesto el "conocimiento general" por parte de la Junta de la existencia del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles", la jueza destaca que "desde luego lo que no generaba era el público conocimiento para los ciudadanos" andaluces "de las modalidades de ayuda", que por tal motivo la Junta "estaba repartiendo indiscriminadamente".
Alaya, que justifica la prisión provisional de Fernández en que hay "indicios importantes" en la causa por la comisión de "hechos delictivos de especial gravedad", le imputa un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil, y de obtención indebida de ayudas públicas.
La jueza le acusa de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones generando "lamentables consecuencias" como "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía, por el "despilfarro continuado" de los fondos públicos, y todo ello por la "inconmensurable falta de control, autorizada, conocida y consentida, entre otros" por él.
El auto destaca la "gravedad" de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejadas, que podrían alcanzar hasta los 18 años de prisión por el delito de malversación continuada.
En su auto, de 78 folios, la juez señala que durante el mandato de Antonio Fernández como viceconsejero y posterior consejero de Empleo se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros aplicando el convenio marco suscrito con el IFA y luego por IDEA.
La jueza acusa en su auto a Fernández de haber participado "junto a otros, superiores y asesores externos" en la "ideación y elaboración" de dicho convenio marco el 17 de julio de 2001 para "eludir ilícitamente los severos controles" que podía ejercer la Intervención de la Junta a futuros expedientes de ayudas públicas.
El auto le acusa de haber sido quien "ordenó las directrices para su aplicación", que le fueron impartidas al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión.
Este instrumento pretendería "institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad" en la concesión de ayudas públicas, así como permitir un "uso extraordinariamente abusivo" en el manejo de los fondos públicos, ante la ausencia de controles.
El auto pone de manifiesto que el "descontrol del procedimiento llegaría a ser tan absoluto" que en algunas ayudas ni siquiera se cumplían los mínimos controles que recogía el convenio marco, como comisiones de seguimiento, y achaca a Fernández una "total despreocupación" por el destino del dinero público.
Alaya acusa a Fernández de propiciar la concentración de un "elevadísimo número de ayudas directas a empresas" por la sola razón de que las mismas, sus titulares o socios "pertenecían al ámbito personal o político del PSOE", y de favorecer "desmesuradamente" a empresarios de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.
De la misma forma, el auto destaca las justificación de manera "absolutamente arbitraria" por parte de Fernández de la concesión de ayudas individuales a particulares sin pertenencia a empresa, y califica de "poco creíble" los criterios utilizados para las ayudas directas a empresas, ya que "no cumplían los requisitos".
La juez imputa al exconsejero el mantenimiento del "procedimiento específico" pese a los informes de la Intervención, y propone investigar si en el asesoramiento de Fernández para aplicar el convenio marco hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos, aunque destaca que resulta "poco creíble" que el exconsejero no conociera la norma comunitaria.
