Los sindicatos CCOO-A, UGT-A y CSIF-A han coincidido este viernes en rechazar, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz, el proyecto de ley 9/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía --el conocido como plan de ajuste--, y han aprovechado el anuncio, por parte del Gobierno central, de nuevos ajustes que afectarán a los trabajadores del sector público para pedir medidas que eviten que dicho colectivo se vea "doblemente castigado" por esas decisiones.
En concreto, el adjunto a la secretaría general de CCOO-A, Rafael Aljama, que ha vuelto a mostrar su "rechazo frontal" al plan de ajuste de la Junta, ha pedido al Ejecutivo andaluz que retire "todo" el capítulo tres de su plan de ajuste --el dedicado a las medidas de personal laboral-- ante el "nuevo escenario" que se abre este viernes con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de algunas de las medidas de ajuste anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como que presente "otras medidas para que los empleados públicos andaluces no sean doblemente castigados", buscando para ello "un consenso que aminore el impacto de la misma".
Además, el representante de CCOO-A, que entiende que el "brutal recorte" del Gobierno central "inutiliza" el plan de ajuste de la Junta, han tildado de "especialmente graves" algunas de las medidas aprobadas en dicho proyecto de ley, como las que se plasman en los artículos 12 y 20 --relativas a las productividades y complementos laborales--, así como la reducción de un diez por ciento de los salarios de los trabajadores públicos eventuales, una decisión que, en su opinión, "instaura una inestabilidad laboral extrema".
Asimismo, Aljama ha abogado por "preservar la equidad del empleo de los empleados públicos" y ha criticado que las reducciones de salarios que contempla la norma se hayan aprobado "sin aplicar progresividad", así como ha tachado de "injusto" que "todo el recorte de un año se aplique en solo seis meses".
Con su plan de ajuste, que califica de "ataque frontal a las condiciones de trabajo y la negociación colectiva a los trabajadores públicos", este sindicato entiende que la Junta "se hace cómplice" de las políticas económicas del Gobierno central, "impuestas con oscurantismo y alevosía", que tienen como "único objetivo" la reducción del déficit público "a costa de desmantelar la protección social", y que se han demostrado "absolutamente ineficaces para salir de la crisis".
Por eso, desde CCOO-A han instado al Ejecutivo que encabeza José Antonio Griñán a que aplique "una fiscalidad más justa y equitativa", así como que "luche contra la bolsa de fraude fiscal y la economía sumergida" en vez de seguir el "camino más fácil" de los "recortes de salarios". "Otras políticas presupuestarias son posibles y el Gobierno andaluz tiene la obligación de hacerlas", ha concluido Aljama.
UGT-A: EL PLAN DE AJUSTE "CERCENA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA"
Por su parte, el secretario de Acción Institucional de UGT-A, José Carlos Mestre, que ha ejercido de portavoz del sindicato, ha rechazado también el plan de ajuste del Gobierno andaluz al entender que "cercena el derecho a la negociación colectiva" y "reduce el papel de los agentes sociales", así como ha coincidido con CCOO-A en pedir que la Junta articule "una estrategia coordinada para evitar el fraude fiscal" y adopte medidas que eviten que los empleados públicos se vean "doblemente castigados" por los ajustes que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Ministros.
En este sentido, Mestre ha reconocido que ha acogido "con esperanza y cautela" las declaraciones pronunciadas al respecto por el presidente y el vicepresidente de la Junta, José Antonio Griñán y Diego Valderas, respectivamente, respecto a la posibilidad de modificar este proyecto de ley ante las medidas del Gobierno.
Mientras tanto, UGT-A ha mostrado su rechazo a algunas de las medidas concretas del plan, como la reducción de las retribuciones y de las jornadas laborales de los empleados públicos, aunque han valorado que no se vayan a producir "despidos" en ese colectivo, que se garantice que la rebaja de sueldos no va a afectar a los empleados que cobren menos de 1.000 euros al mes, y han respaldado la modificación del tramo autonómico del IRPF dada la "progresividad fiscal" que ella conlleva.
En cualquier caso, Mestre ha querido subrayar que UGT-A no dudará en "acudir a los tribunales en defensa de la legalidad" si algunos aspectos del plan "no se ajustan a Derecho", a la vez que ha anunciado que llevarán a cabo "medidas" para que "se restauren las condiciones laborales" que los trabajadores públicos tenían antes de la aprobación del proyecto de ley.
CSIF-A PROPONE REDUCIR ALTOS CARGOS Y "PRIVILEGIOS" POLÍTICOS
Por otro lado, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha mostrado su "oposición rotunda" al plan de ajuste, al entender que "vulnera de forma directa" cinco artículos de la Constitución española --lo que, ha recordado, les ha llevado a interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)--, "atenta directamente contra unos empleados públicos que en absoluto son los responsables de la crisis, y sin embargo, sí los principales afectados", y que se ha gestado "negando la negociación".
Además, el presidente del sindicato mayoritario de la función pública, que ha lamentado que, a pesar de su "trascendencia", conociese el plan "por la prensa", ha asegurado que las medidas que éste contempla también repercutirán negativamente en el conjunto de la ciudadanía, ya que lastrarán el funcionamiento de algunos servicios públicos como la educación, la sanidad o la justicia.
Frente a los "recortes en derechos laborales y salariales de los empleados públicos" que, en opinión de CSIF-A, impone este proyecto de ley, el sindicato aboga por otras medidas alternativas como reducir en un 30 por ciento los salarios de los políticos, así como en un 50 por ciento los de los altos cargos y directivos de las empresas públicas, cuyo número apuesta por reducir a la mitad. También plantea disminuir "los gastos de protocolos y coches oficiales" y las "embajadas en el extranjero", así como "eliminar asesores y puestos de confianza".
Además, Heredia ha pedido que el proyecto de ley incluya una "cláusula de reversibilidad" que fije "cuándo se restablecerán los derechos que se eliminan". En cambio, ha valorado que las reducciones de salarios no vayan a afectar a los empleados que cobran menos de 1.000 euros mensuales, pero ha señalado que en esas condiciones sólo se encuentra un porcentaje "ridículo" de empleados públicos; en concreto, un 0,2 por ciento.
Igualmente, y ante el anuncio de los nuevos recortes por parte del Gobierno de Rajoy, CSIF-A ha instado a la Junta a que "replantee" su plan de ajuste "contando con los sindicatos", y, en cualquier caso, "explique cómo van a afectar a los empleados públicos andaluces esos nuevos ajustes".
Para finalizar, ha pedido a los diputados andaluces que "hagan un esfuerzo para ponerse de acuerdo y cambiar el rumbo que marcan la UE, los mercados y el Gobierno central, y dejen de engañar a los empleados públicos".
LOS PARTIDOS PIDEN LAS PROPUESTAS POR ESCRITO
Finalmente, los representantes de los tres grupos políticos con representación parlamentaria --PP-A, PSOE-A e IULV-CA-- han agradecido a los sindicatos sus aportaciones, que esperan que les trasladen por escrito, y se han mostrado dispuestos a tenerlas en cuenta en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
