La Guardia Civil, gracias a la colaboración de la Agencia Tributaria, ha detenido a 30 personas, integrantes de dos organizaciones criminales, acusadas de defraudar presuntamente 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, mediante la compra de grandes cantidades de gasóleo y gasolina, de las que eludían el pago del IVA, para venderlas posteriormente a precios sin competencia.
Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, las 30 personas detenidas están acusadas de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además, los agentes han realizado 23 registros en domicilios y empresas del entramado, en los que se han intervenido bienes por valor de más de 55 millones de euros.
La operación 'BASHNYA' se ha desarrollado en España, Portugal y Suiza y se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales.
Así, las investigaciones de la Agencia Tributaria arrancan como consecuencia de las investigaciones de los servicios de Inspección de las Delegaciones Especiales de la Agencia en Cataluña y Madrid. Bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se descubre la existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.
Tras una serie de actuaciones inspectoras mediante personación en domicilios fiscales, en el ámbito de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña, y en ejecución de medidas cautelares, la Dependencia Regional de Recaudación procedió al embargo de bienes y derechos por valor de 15 millones de euros, entre cuentas bancarias, hidrocarburos, derechos de crédito y diversos inmuebles.
Estas actuaciones coinciden con otras llevadas a cabo en paralelo por la Guardia Civil con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra, que detectan la implantación en la Comunidad Foral de una nueva trama orquestada y dirigida por los mismos sujetos que organizaban la descubierta en Madrid.
CATALUÑA, LA ZONA CENTRO PENINSULAR Y GALICIA
Las organizaciones investigadas han operado durante cuatro años en el sector de los hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, la zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, las organizaciones se presentaban ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en el sector y realizaban importantes inversiones económicas en el mismo.
Los integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que comercializaban y creaban paralelamente "brookers" internacionales para su adquisición. Esto les permitía controlar la entrada de hidrocarburos en territorio nacional, su distribución y posterior venta al por menor.
La organización eludía el pago del IVA correspondiente aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia. Parte de los beneficios que obtenían se invertían en estructuras empresariales legales. De este modo podían expandir e incrementar su influencia en los mercados, a la vez que potenciaban su actividad criminal al poseer más recursos.
El volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones criminales supera los 1.000 millones de euros. Hasta la fecha se han intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias y 3,5 millones de litros de carburantes.
