La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para el exalcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) por "tolerar" entre 2003 y 2007, "con una absoluta inactividad", que una decena de empresas realizaran vertidos industriales contaminantes a la red de saneamiento municipal y, por derivación, al río Guadaira, todo ello "sin siquiera exigir autorización previa a nadie".
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía critica, además, que "sólo después" de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comunicara los hechos en febrero de 2007 a la sección de Medio Ambiente del Ministerio Público y que ésta incoara diligencias de investigación criminal contra el acusado y un concejal, "comenzaron a adoptarse determinadas medidas preventivas" por parte del Ayuntamiento presidido por el imputado.
Así, relata que el imputado, como alcalde, tenía atribuidas las competencias en materia de vertidos en aguas superficiales desde el núcleo urbano a la red municipal, y, en concreto, para las autorizaciones de vertidos hechas por las industrias de aderezo de la aceituna, "que son numerosas en la localidad, siendo notorio el problema ambiental que generaba esa frecuente práctica ilegal".
Tras remarcar que el Ayuntamiento debía además informar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de cualquier autorización de vertido que se propusiera conceder, indica que, "al menos" entre 2003 y 2007, el acusado "no impulsó ni se preocupó en absoluto de hacer inspecciones eficaces" orientadas a comprobar si se cumplía la normativa local medioambiental en esta materia.
Además, "no dio autorizaciones individuales de vertidos en los casos en que pudiera ser factible ni tomó ninguna medida efectiva cuando supo que, a pesar de ello, se hacían", a lo que se suma que "nunca" adoptó medidas preventivas ni ordenó controlar los parámetros de los procesos de explotación de las empresas potencialmente contaminantes del municipio, "que eran numerosas", según asevera el fiscal en su escrito de acusación, consultado por Europa Press.
NO SUSPENDIÓ LOS VERTIDOS "A PESAR DE SU NOTORIEDAD"
La Fiscalía le imputa, igualmente, que "no ordenó examinar" las arquetas de las industrias que "sabía" contaminantes para las aguas públicas, y, en consecuencia, "tampoco adoptó medidas cautelares como la suspensión de los vertidos a pesar de su notoriedad". Además, "se mostró pasivo ante las comunicaciones de episodios contaminantes hechas por la empresa privada gestora del agua en la localidad, y silenció todas las denuncias de la Guardia Civil".
Así, el exalcalde "toleró" que al menos nueve empresas de las industrias del aderezo y otras, como un matadero de pollos, hicieran vertidos industriales contaminantes a la red de saneamiento municipal, por lo que, "ante la alarmante situación ambiental", la CHG propuso al Ayuntamiento en 2007 que clausurara dos puntos de acceso a la red "hechos sin autorizaciones previas", así como que adoptara medidas de colaboración, las cuales "no se tomaron por el acusado con la celeridad necesaria".
De igual modo, y desde el inicio del mandato municipal del acusado, el Seprona de la Guardia Civil hizo inspecciones al detectar los "continuos" vertidos de efluentes tóxicos realizados "principalmente" por las industrias de aderezo de la aceituna al alcantarillado municipal y desde él al cauce del río Guadaira.
EL IMPUTADO "NUNCA COLABORÓ" CON LA GUARDIA CIVIL
De hecho, prosigue la Fiscalía, la Guardia Civil advirtió que ciertas empresas "aparentemente" estaban vertiendo los residuos al alcantarillado público, "lo que determinó que en cada caso se comunicara al Ayuntamiento y ello fuera conocido por el acusado", no obstante lo cual el exalcalde "no prestó nunca colaboración con la Guardia Civil".
Según el fiscal, el procesado "era perfectamente consciente de la grave situación ambiental en el río Guadaira provocada por estos sistemáticos vertidos". Asimismo, "y para dar apariencia formal de cumplir las obligaciones preventivas y sancionadoras en materia ambiental, que no había intención alguna de ejercer verdaderamente", el exalcalde "ordenó incoar varios expedientes sancionadores contra algunas empresas que eran denunciadas".
Así, en el año 2005 dictó 18 resoluciones; en el año 2006, 13 resoluciones, y en 2007 otras 30 resoluciones, todas las cuales "incluían la decisión de incoar procedimientos sancionadores y formales requerimientos de cese en los vertidos", aunque "no consta que se impusiera ninguna sanción efectiva y menos que se adoptara una sola medida cautelar o de cesación efectiva de los vertidos que se estaban produciendo en perjuicio del medio natural".
"DESEQUILIBRIOS EN EL MEDIO ECOLÓGICO"
"Los vertidos tolerados durante esos cuatro años por el acusado durante su mandato como alcalde, poseen en su conjunto un gran contenido en materia orgánica y compuestos en disolución, por lo que su arrojo sistemático a los cauces receptores puede llegar a provocar desequilibrios en el medio ecológico", concluye el Ministerio Público en su escrito.
La Fiscalía considera que el acusado es autor de dos delitos contra el medio ambiente y, por el primero de ellos, le pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público municipal, mientras que por el segundo solicita dos años de cárcel y el pago de una multa de 30.000 euros.
