El Ayuntamiento de Estepona ha defendido este miércoles la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo, (ERE), que supuso el despido de 176 empleados laborales. Tras más de seis horas de vista, en una causa celebrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga en la que se han acumulado las demandas del Comité de Empresa, así como las de los sindicatos Comisiones Obreras, ATAE y CSIF, el juicio ha quedado visto para sentencia. El despacho de abogados encargado de defender a la administración, Torres y Alarcón, el mismo que se encargó de elaborar la lista de afectados y tramitar el expediente, ha relatado que la mala situación económica de la administración, unida a una plantilla sobredimensionada -a la que se destinaba el 86% de ingresos- y deudas con la Seguridad Social que impidieron que el municipio tuviera participación del Estado provocaron que el escenario económico que encontraron los populares no dejara margen de maniobra, tras la puesta en marcha de un plan de pago a proveedores, que permitió saldar deudas por valor de casi 68 millones y que obligó a realizar un recorte de 6 millones de euros en el capítulo de Personal.
Las negociaciones con los sindicatos no dieron sus frutos y, pese a las propuestas de las fuerzas sindicales, el Ayuntamiento plantea el ERE. Torres y Alarcón reafirma que hubo voluntad de negociación. "Mantener una plantilla sobredimensionada a costa de subir impuestos a los ciudadanos en un municipio con un 40% de paro no es la solución", han apostillado, defendiendo la postura del equipo de Gobierno popular de no subir los impuestos en la localidad. Aseguran que algunas de las propuestas sindicales, como la transformación de contratos a fijos discontínuos, no eran legales, "algo que incluso puso de manifiesto la Inspección de Trabajo".
Las defensas
Tanto Comité de Empresa, como sindicatos Comisiones Obreras, ATAE y CSIF han seguido una misma línea común de defensa. Han echado mano de la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo, obligatoria según la legislación, sobre la que basar la realización de una regulación de empleo para tumbar el ERE. Además, han apuntando a que en agosto de 2011 se realizaron recortes en el convenio colectivo que supusieron, dentro del llamado Plan de Austeridad, un ahorro de 3,5 millones de euros. Esa modificación del convenio contenía, según indicaron, una garantía de estabilidad laboral aún vigente y que el ERE disipó meses después.
También han criticado que el Plan de Pago a Provedores no era una imposición por parte del Gobierno Central, sino una opción que tenía la administración. Ahondan las defensas en una adolencia de falta de documentación en todo el proceso, así como que las cifras sobre las que se ha basado el Ayuntamiento para realizar el recorte, tanto del número de empleados actual como el de deuda existente, sean reales, al haber llevado a cabo ya varias externalizaciones de servicios, apuntando a que se basan en datos del año 2011, y que solo seis meses después la situación era completamente diferente. Aportan además que existe una "clara discriminación" al hacer recaer todo el peso de los recortes exclusivamente en el personal laboral.
"Ha existido mala fe en el proceso porque desde el principio pusieron como cifra de despidos a realizar 176 y de ahí no se han movido hasta el final", denunció el abogado del Comité de Empresa quien asegura la falta de voluntad de los populares . Se han enjuiciado los criterios objetivos con los que se elaboró la lista de afectados, al no sustentarse esas razones de "eficacia y eficiencia" esgrimidas por el Consistorio en ningún documento. "El Ayuntamiento tiene una plantilla desorganizada antes y después del ERE", ha sostenido la defensa de CSIF, quien ha lamentado que la mayoría de despidos recaigan en empleados municipales provenientes de las subrogadas empresas municipales. Se ha criticado que la decisión del ERE no fuera llevada a votación a pleno, mientras las defensas han dicho que la Corporación sí dio cuenta de ello. Las conclusiones de todas las defensas han ido encaminadas a la existencia de propuestas alternativas a los despidos que no fueron tomadas en cuenta por la otra parte.
Casi medio centenar de afectados por el ERE se han trasladado a la capital malagueña para seguir el juicio, que ha contado con la presencia del regidor popular, José María García Urbano. Se han llamado a declarar al edil de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar; la edil de Personal, Pilar Fernández-Fígares, José Francisco Rodríguez Márquez, Técnico de Recursos Humanos; José Manuel Duarte, Secretario Adjunto del Ayuntamiento; el portavoz socialista, David Valadez; la representante de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz y Óscar Vázquez, uno de los trabajadores despedidos. Alfonso Caravaca, hasta ahora edil de Deportes y que dimitía recientemente, junto al responsable de Comercio, José Antonio Vílchez también estaban en la lista de testigos pero finalmente sus declaraciones no se llevaban a cabo.
El Ministerio Fiscal
Por su parte, el Ministerio Fiscal, encargado de enjuiciar si ha existido en el proceso una vulneración de los derechos de los trabajadores, ha explicado que, tras la vista celebrada no observa, a priori, vejación alguna al personal laboral, ya que asegura que el régimen jurídico de los funcionarios es diferente al laboral, y ambas categorías no se pueden tratar por igual. Al final de la vista, en sus conclusiones, sostiene que la plantilla sobredimensionada esteponera ha supuesto una "hipertrofia" de la administración que le llevado a tener que ejecutar un ERE.
