El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha instado a los propietarios de edificios con más de cien años de antigüedad a presentar antes del próximo 30 de diciembre un informe técnico sobre el estado del inmueble.
“La nueva Ordenanza Municipal -explicó- así lo regula, al igual que se ha fijado la fecha límite del 30 de junio de 2013 para los inmuebles con una edad de entre 75 y cien años”.
Para el alcalde, “se trata de una cuestión de responsabilidad. El Conjunto Histórico de San Roque es bastante singular, y entre todos tenemos la obligación de cuidarlo. La Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, que fue aprobada en Pleno el pasado verano, fija una serie de requisitos para conocer el estado real de conservación de estos inmuebles y para acometer, en el menor plazo de tiempo posible, las obras pertinentes en caso de ser necesarias”.
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación en el municipio de San Roque de la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de edificaciones deben realizar una inspección de las mismas dirigida a determinar su estado de conservación, afectando a todos aquellos inmuebles que cuenten con una determinada antigüedad.
Las inspecciones, que deberán ser realizadas por técnicos competentes contratados por los interesados, deben culminar con la obtención de un informe que refleje el estado de los inmuebles y proponer, en su caso, las obras necesarias para mantener las condiciones mínimas de estabilidad,
seguridad, estanqueidad, consolidación estructural, habitabilidad, uso efectivo y ornato público, según el destino propio de la construcción o edificación de que se trate. El informe deberá renovarse periódicamente cada 10 años.
El primer edil considera que “los mismos propietarios de los edificios antiguos deben ser los primeros interesados en su mejor conservación. Trataremos de dar todas las facilidades a la hora de conceder licencias para acometer las obras necesarias. Y quiero recalcar que el Ayuntamiento
lo único que está haciendo es cumplir con la legislación autonómica vigente (de Ordenación Urbanística de Andalucía), y que en esa misma normativa se recogen las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento”, finalizó.