Greenpeace ha urgido este miércoles a la dirección del PSOE a "tomar medidas" después de que la agrupación socialista en Carboneras (Almería) haya defendido la "regularización" del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico para que pueda abrir sus puertas y ha ha lamentado que representantes de este partido "hagan declaraciones que vulneran el estado de derecho".
La responsable de Costas de la organización, Pilar Marcos, ha indicado en declaraciones a Europa Press que, como representantes del PSOE, "saben perfectamente la existencia de varios pronunciamientos judiciales" que resuelven que el hotel vulnera la legislación vigente, por lo que, a su juicio, deben mantener al margen de declaraciones públicas "su opinión personal como vecinos de Carboneras".
Marcos ha trasladado que la dirección del PSOE "debería adoptar acciones", entre las que ha apuntado la posibilidad de "expediente", tendentes a "impedir manifestaciones en este sentido", ya que, según ha advertido, los ciudadanos "las ven y relacionan bajo las siglas del partido con independencia de su circunscripción".
Al hilo de esto, se ha mostrado de acuerdo con la reflexión de la exministra de Medio Ambiente y actual portavoz del PSOE en el Congreso en cambio climático, Cristina Narbona, quien ha defendido este jueves que la Ley de Costas vigente está para cumplirla pese a que el PSOE de Carboneras (Almería) tilde de "inconcebible" que no exista un "esfuerzo político" para regular la situación del hotel y propiciar así su apertura.
"Pedimos también al PSOE que especifique cuál es su postura con respecto al futuro del Algarrobico, si la de los socialistas de Carboneras o la que defiende desde el Parlamento andaluz y desde la Junta andaluz a través del convenio suscrito con Gobierno central para su demolición", ha concluido.
En un comunicado, remitido por el secretario de organización de los socialistas, Mateo Javier Hernández, el PSOE de Carboneras aseguraba el miércoles que "sigue apoyando todas las decisiones" que el Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía "tomaron en su momento para dar licencia al hotel" y expresa su extrañeza ante el hecho de que "lo que antes era legal, ahora es ilegal".
Tras subrayar que el PSOE antepone "los intereses de los carboneros a cualquier otro", anunciaban que iban a "seguir trabajando" para conseguir que el proyecto, "como cualquier otro que fomente la creación de empleo, se instale en el municipio" y calificaban el conflicto generado en torno al hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones como un "asunto político".
"Seguimos sin entender cómo el hotel pasa de legal a ilegal según el gusto de los ministros y ministras de Medio Ambiente", aseguraba para, a continuación, señalar que, a su juicio, resulta "inconcebible cómo no se invierte el mismo y justo esfuerzo político en la regularización" del establecimiento, "legal desde el inicio", según apuntilla, para su "definitiva apertura".
