El PP ha pedido este viernes la dimisión del alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Tomás Ruiz Maeso, a quien ha acusado de ser la "marioneta en manos" de su antecesor, Víctor Sánchez, después de que la conclusión de la instrucción del caso sobre las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira les haya situado a las puertas del juicio oral imputados por los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, estafa, y defraudación de fluidos eléctricos.
En rueda de prensa, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, ha considerado que esta imputación evidencia que el cambio en la Alcaldía "se produjo en personas pero no en procedimientos", ya que el actual regidor "sigue desarrollando las mismas políticas de urbanismo salvaje" que Sánchez, al que "obedece con devoción".
"No merece ser alcalde, y por eso nosotros de nuevo solicitamos su dimisión", ha dicho Aranda, que ha señalado tanto a Ruiz Maeso como a Sánchez como "dos personas negros de la historia reciente de Atarfe", pero añadiendo que "nada de esto estaría ocurriendo si no hubiese irrumpido otro actor, como es IU, que sostiene al alcalde imputado y se convierte en cómplice".
De hecho, Aranda cree que IU, los dos concejales que se mantienen bajo sus siglas --ya que los otros dos del grupo inicial, Rosa Félix y Francisco Rodríguez Quesada, se pasaron al grupo de no adscritos por sus desacuerdos con el portavoz, Rafael Roldán Vázquez--, están "vendiendo su apoyo político" al actual alcalde por "un puñado de euros y de cargos".
Por su parte, la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Granada, Ana Vanessa García, ha pedido en ese sentido tanto a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, como al coordinador provincial de IU, Manuel Morales, que se pronuncien al respecto y abandonen su "silencio", tomando "decisiones" ya que la situación actual en Atarfe es, a su juicio, "insostenible".
LA IMPUTACIÓN
Además de en la actuación de Ruiz Maeso y Sánchez, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, ha visto indicios de la comisión de los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, estafa, y defraudación de fluidos eléctricos, en el arquitecto municipal Luis Gustavo G.C., el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., el representante legal de Bareo Investments y Valdigolf --la empresa propietaria de los terrenos--, Orfeo B.R, y los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G.L. y Marcelino M.D.F.
Según consta en su resolución, tanto Sánchez como Ruiz Maeso, "aprovechándose" de sus cargos municipales, concedieron "irregularmente" licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial, "favoreciendo y permitiendo a dichas sociedades" la venta de inmuebles urbanizables de Medina Elvira, "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos para su ocupación y habitabilidad" entre 2008 y 2010.
La irregularidad se constata, según se señala en el auto, en los expedientes , que carecían de la preceptiva documentación legalmente exigible, pues no tienen informe técnico y/o jurídico, o el existente "resulta desfavorable", de lo que tenía conocimiento tanto el secretario como el arquitecto municipales.
Para el instructor, los propietarios de las viviendas resultaron "engañados" por las promotoras Bareo Investments, Vladigolf, Península Project Management S.L., Costaind S.A. y Costa Indalica S.A., ya que éstas procedieron a la venta de los pisos, "con pleno conocimiento de que las obras de ejecución no se encontraban finalizadas, ni dotadas las viviendas de los servicios necesarios para la ocupación y habitabilidad; apreciándose, por tanto, la concurrencia de engaño bastante para obtener un desplazamiento patrimonial a su favor, con ánimo de lucro".
En lo que a la posible defraudación del suministro de agua se refiere, subraya que "únicamente se ha constatado que con el consentimiento o no de Aguasvira las viviendas del Plan Parcial SR-20 (residencial Medina Elvira), están dotadas de servicio de agua a través de contrato de aguas para obras, sin que exista contrato individual; sin saber si el suministro está siendo pagado por las promotoras, por el Ayuntamiento o por la EUC, pero en ningún caso se realiza abono alguno por los propietarios de las viviendas".
Por este asunto declararon ante el juez tanto el exalcalde como el actual regidor, que el pasado 15 de octubre aludió a su desconocimiento en asuntos urbanísticos, y señalando que cuando las licencias de primera ocupación se concedieron tan solo llevaba dos meses al frente del Ayuntamiento.
LAS REIVINDICACIONES DE LOS PROPIETARIOS
Recientemente, los propietarios de las viviendas de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales que cuenta con un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, reclamaron la conclusión de las obras, que les permita contar con servicios esenciales como luz o agua potable, o indemnizaciones que resarzan la "estafa" de la que se ven víctimas.
La urbanización, que actualmente está pendiente otro proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 4, fue concebida entre los años 2004 y 2005 por el promotor Maximiliano Balboa, que contó con el respaldo del entonces alcalde, Víctor Sánchez (PSOE), para levantar un total de 3.500 viviendas en una zona que, según han señalado a Europa Press integrantes de Salvemos la Vega, incluía barrancos y suelos no urbanizables por su especial protección. Actualmente, en el terreno, muy cercano al pantano de Cubillas, se edificaron un total de 990 viviendas, de las que están terminadas 430.
El campo de golf estuvo operativo hasta hace un año y, pese a que aún cuenta con socios, está "abandonado" y luce carteles que advierten del "peligro de ganado suelto', ya que pueden verse en el lugar caballos salvajes, o "campo cerrado por cese de actividad. La empresa no se hace responsable".
De todas las viviendas construidas, sólo se han vendido un total de 49, y en algunas urbanizaciones hay tan solo un vecino. El propietario del suelo, Vladiglof, consiguió vender, según las fuentes consultadas, 10 parcelas de un total de 23 por más de 85 millones de euros, mientras que las restantes las hipotecó por 37 millones de euros con distintas entidades financieras.
