La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Salud y Bienestar Social, destina en los primeros meses del año 3,8 millones de euros a familias sin recursos económicos de la provincia de Granada.
Lo ha hecho a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a unidades familiares percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante 6 meses, según informa en un nota el Gobierno andaluz.
Estos datos han sido presentados este viernes por el delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta, Higinio Almagro, al término de la primera Comisión de Valoración, integrada por miembros de los sindicatos, empresariado, Diputación y diversas áreas de la Junta de Andalucía.
En ella se han dado cuenta de los expedientes aprobados para los próximos seis meses, en total 965 familias, con tres miembros de media por familia (2.895 personas), con un presupuesto cercano a los 2,3 millones de euros a los que hay que sumar 1,5 millones de euros más correspondientes a los expedientes aprobados en la última comisión del pasado año 2012 y que tienen continuidad en el presente 2013.
El responsable de Salud y Bienestar Social ha destacado "el gran esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, en momentos de crisis, por mantener políticas sociales a la vez que favorece la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo de los colectivos más vulnerables de nuestra provincia".
Almagro ha incidido en el incremento del 12 por ciento del presupuesto destinado a sufragar estas ayudas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y que alcanzará los 70 millones de euros en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas.
La cuantía será equivalente al 62 por ciento del SMI actual, para personas individuales, más un complemento del 8 por ciento del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de seis meses no prorrogables.
El cobro de la ayuda llevará aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social, así como de los compromisos que se exigen a los integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta ayuda.
La comisión celebrada ha aprobado los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios del mismo, en concreto relativos a la escolarización y asistencia regular a clase, a asistencia a cursos de educación de adultos; al control sanitario familiar, a mejorar las condiciones de las viviendas; a participar en los proyectos de economía social y de inserción, y a asistir a acciones formativas adecuadas para potenciar sus posibilidades de inserción laboral.
URGENCIA SOCIAL
Según ha informado Almagro, periódicamente se llevan a cabo reuniones con los directores de Centros Sociales de la provincia y coordinadores del programa de salario social, en la que se establecen los criterios de urgencia social que llevan a las administraciones a agilizar los procedimientos para hacer efectivas estas ayudas.
Un ejemplo es la posibilidad de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia; familias monoparentales que tengan la posibilidad real de insertarse, personas sin hogar. En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi inmediata.
En el transcurso de la reunión de la Comisión de Valoración también ha sido presentada la memoria anual del programa, correspondiente a 2012. En ella se detalla el número de expedientes presentados, 5.560 expedientes de los que se resolvieron un total de 5.351 con un presupuesto total de algo más de ocho millones de euros.
