Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias han rechazado durante la Conferencia Sectorial de Educación el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la memoria económica presentada por el Ministerio para sufragar los costes directos de implantación durante los tres primeros años, porque la consideran "inviable".
Así, la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau (en la imagen), ha destacado que la aplicación de la ley que se prevé para el ejercicio de 2014-2015, será "incompatible" con el desarrollo de las políticas de austeridad sobre el sistema educativo que están fijadas hasta el 2015.
Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha rechazado incluso entrar a hablar sobre la financiación porque considera la ley como una "receta tóxica" y entrar en el debate económico sería "confundir precio con el valor" de la Educación.
CANARIAS: "NI CONVENIENTE NI OPORTUNA"
La viceconsejera canaria de Educación y Universidades, Manuela de Armas, ha señalado que la reforma no es "ni conveniente ni oportuna" ya que se está intentando desarrollar en un momento económico "que no favorece en absoluto".
"Dudamos de cómo podemos poner en marcha una reforma sin tener una economía suficiente. Nunca en la historia de España ha habido una reforma en momentos de recesión económica. Ha sido siempre en momentos álgidos cuando tenemos recursos suficientes", ha recordado.
En este sentido, ha señalado que el hecho de desarrollarla en este momento es un "hándicap". "Yo creo que España no necesita una reforma estructural, si acaso una reforma de mejora, pero así todo, nos preocupa la parte económica, que no sabemos como vamos a atender", ha advertido, para añadir que la comisión que se va a crear para analizar este asunto deberá hacer un "estudio serio y de fondo".
PAÍS VASCO: "INVIABLE"
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco, Cristina Uriarte, ha denunciado que el análisis económico "no parte de cuál es la realidad de las comunidades autónomas". "Ni es real lo que está planteando, no estamos de acuerdo", ha sentenciado.
En esta línea, ha explicado que, por ejemplo, en lo que se refiere al conste de profesorado, hay una diferencia entre lo que plantea el Ministerio y lo que plantea el País Vasco de 290 millones, "solamente en el sector público". "En estos momentos de crisis económica nos parece inabordable, inviable poner en marcha esta ley", ha alertado.
ASTURIAS, "DESOLADA"
Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, se ha confesado que se va "desolada" de la Conferencia Sectorial porque ha confirmado que se trata de una "ley sin consenso político y sin consenso social" y por la "falta de rigor" de la memoria económica presentada por el Ministerio. "La memoria económica está mal hecha y no refleja el coste real", ha sentenciado.
"No se sabe cómo el dinero que se dice que va a suponer la contrarreforma cómo se va a distribuir", ha criticado, para añadir que la memoria económica está hecha "sin tener ni idea de educación". "Quito de aquí, quito de allá... Es terrible", ha sentenciado para insistir en que
Asimismo, González ha asegurado que con esta reforma, el Gobierno central "crea una educación de primera y otra de segunda categoría, además de generar un sistema que aboga por la jerarquización y la exclusión".
PP: LA COMISIÓN, "BUEN INSTRUMENTO"
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han repetido que la reforma es necesaria y han valorado positivamente la memoria económica del gobierno, aunque reclamando un margen de mejora para la financiación.
Así, el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ha reconocido que con los 20 millones que calcula que le correspondería a su región, "es insuficiente". "Por eso hemos apoyado la creación de un grupo de trabajo" ha reconocido.
En esta misma línea se ha pronunciado la consejera de Educación aragonesa, Dolores Serrat, quien ha admitido que "evidentemente, los números pueden quedarse un poquito cortos". "Puede ser una sensación generalizada, en cualquier caso tenemos un buen instrumento para seguir trabajando", ha alabado.
Asimismo, la consejera extremeña, Trinidad Nogales, ha solicitado al ministerio que entre los criterios de reparto de la financiación entre las comunidades, "se tengan en cuenta características específicas de estas regiones como la dispersión o la ruralidad". A pesar de estas diferencias, la responsable extremeña ha calificado el encuentro como "bastante satisfactorio".
Por su parte, el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha lamentado "que algunas comunidades" en referencia a las gobernadas por el PSOE, "hayan querido hacer de esto un debate ideológico", y ha acusando a los socialistas de haber impedido "llegar a ningún tipo de acuerdo".
