Unas cien personas, convocadas por el autodenominado 'Grupo de Apoyo a las Personas Represaliadas de la Velá de la Fuensanta' de Córdoba, han reclamado ante los juzgados la absolución de uno de los "represaliados de la Velá", que ha declarado este martes acusado de agredir en septiembre de 2011 a un agente de Policía durante las protestas ciudadanas contra el nuevo modelo de la Velá que llevó a cabo el gobierno municipal del PP.
En este sentido, fuentes del colectivo han informado a Europa Press de que la defensa ha reiterado la absolución del procesado, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por un sindicato policial, han ratificado sus conclusiones con penas de ocho meses de cárcel y una cuantía total entre multas e indemnizaciones por 1.400 euros, y un año de prisión y 1.800 euros, respectivamente.
Desde el grupo de apoyo justifican que "no ha habido tal agresión" al agente de la autoridad, ni siquiera "hay pruebas" de la misma, y alegan que todo ello "parte de una campaña que viene a criminalizar a la gente que protesta en la calle", y, a juicio del colectivo, "esto responde más a la existencia de listas negras".
El citado colectivo ciudadano comenta que este juicio es la última consecuencia de que en 2011 el entonces concejal de Ferias, Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba y hoy edil de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza, Rafael Jaén, "impuso un cambio radical en el esquema de gestión de la Velá, retirando una gestión que siempre había correspondido a los vecinos del barrio", lo cual llevó a que "el movimiento vecinal y otros colectivos ciudadanos iniciaran una campaña de protestas para mostrar su descontento y reclamar que se siguiese contando con la ciudadanía para la organización de esta fiesta popular".
Esta campaña culminó, según ha recordado el 'Grupo de Apoyo a los Represaliados de la Velá', con la celebración de una manifestación el mismo día del pregón del la Velá, el 7 de septiembre de 2011. Tras la manifestación "se prohibió la entrada de los vecinos a la plaza donde se realizaba el pregón, lo que provocó la protesta por parte de los vecinos, ante lo cual la Policía respondió de forma intimidatoria y agresiva".
Entonces, según el relato del colectivo ciudadano, "en el momento en que se intentó identificar a uno de los policías que habían agredido a algunos manifestantes, los agentes se negaron a ello, huyendo de las preguntas de los ciudadanos" y, como consecuencia de esta solicitud de identificación de los agentes, "se retuvo a una ciudadana a la que se acusó de desobediencia a la autoridad, acusación resuelta con un juicio rápido en pocos días".
Semanas más tarde, otro manifestante, "al cual no se solicitó identificación ninguna por parte de la Policía en el día de la protesta, recibió una citación judicial en la que se le acusaba de agredir a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que se le pide un año de cárcel y una multa económica superior a mil euros".
Además, el colectivo quiere que la concentración de este martes "sirva para evidenciar que este tipo de acusaciones se están empleando para reprimir las voces más críticas y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen incumpliendo su deber de identificarse, respondiendo con acusaciones falsas a quien le exige dicha identificación".
