El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas (Córdoba) ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la causa abierta por la ocupación del Palacio de Moratalla, en el término municipal cordobés de Hornachuelos, a finales de agosto de 2012, por parte de los asistentes a la marcha obrera organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que se encontraba el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.
En concreto, fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía ha pedido la inhibición del Juzgado de Posadas a favor de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, teniendo en cuenta la condición de aforado de Sánchez Gordillo, ante lo cual el Juzgado de Posadas ya ha decidido inhibirse y ha trasladado la causa al TSJA.
Al respecto, dicho órgano jurisdiccional decidirá "si admite esa inhibición o devuelve la causa porque entiende que no corresponde", en este caso hasta que no llegue la instrucción de la misma al propio parlamentario de la federación de izquierdas.
Cabe destacar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas decidió abrir diligencias de investigación tras la ocupación del Palacio de Moratalla por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, aunque por el momento no hay imputados.
En la marcha del SAT que recorría la provincia cordobesa más de 200 personas, según la organización, entraron en un principio de manera "pacífica" en las instalaciones, liderados por el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla) y el portavoz del SAT, Diego Cañamero.
El grupo, al que se sumaron varios centenares de personas, entró en el recinto sobre las 12,00 horas del día 21 de agosto, mientras los agentes de la Guardia Civil permanecieron en las puertas a la espera de recibir una orden de desalojo, que no llegó hasta la mañana siguiente debido a que el propietario del recinto no denunció la ocupación hasta última hora del día 21.
Al respecto, pese a que en un primer momento permitió la ocupación y no denunciaría "mientras los ocupantes no hicieran daño a la finca", finalmente accedió a ello viendo la demora y los usos que le estaban dando al recinto, habilitado como hotel, pero aún no puesto en marcha, principalmente en la piscina y los jardines.
De este modo, los manifestantes del SAT permanecieron en el recinto una jornada completa, sin que se registrara ningún incidente salvo los citados usos, y a primera hora de la mañana del día 22 abandonaron por su propio pie el Palacio de Moratalla para partir a la capital cordobesa, sin tener que ejecutarse de este modo la orden de desalojo.
INVESTIGACIÓN EN OCUPACIONES "PACTADAS"
Por su parte, la Guardia Civil abrió una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca ocupada por el SAT tardó tanto en denunciar el asalto, después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, telefoneó al propietario para instarle a que presentase una denuncia.
Fuentes del citado departamento precisaron a Europa Press que la intención de la llamada era evitar la comisión del delito que, a su juicio, se estaba produciendo con la ocupación de la finca. Además, el ministro le explicó que si no presentaba una denuncia la Guardia Civil no podía llevar a cabo el desalojo.
A pesar de la llamada del titular de Interior, el propietario de la finca descartó presentar una denuncia en principio, algo que sí hizo a última hora del día. Las mismas fuentes apuntaron que desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se sospecha de que los dueños de algunas fincas andaluzas pudieran "haber pactado" las ocupaciones previamente con el SAT.
