La concejal de Cultura y Educación en Marbella (Málaga) entre 1995 y 2003, Dolores Miñones, ha dicho este lunes que el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento Julián Muñoz fue quien le comunicó su puesto de vocal en la sociedad municipal 'Gerencia de Obras y Servicios S.L' y que su sobrino Alberto García Muñoz sería el secretario de dicha sociedad.
"A nosotros nos llama a su despacho Julián Muñoz, supongo que por orden de Gil. Lo habrían pensado así. Entonces le ofrece la Presidencia a María Luisa Alcalá, a mí quiere que sea vocal y como secretario nombran a un sobrino de él, que era concejal también y era abogado, Alberto García Muñoz", ha detallado.
Dolores Miñones se ha expresado así en la tercera jornada del juicio por el caso 'Saqueo II' derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999, en el que está imputado.
En este sentido, ha explicado que "el gerente era el que tenía poder para hacerlo todo y que, tras "ocho meses", en el cargo le dijo a Alcalá: "A mí no me gusta estar en un sitio donde no me estoy enterando de lo que pasa. Bastante tengo ya con el trabajo de Cultura y Enseñanza. Yo voy a decirle a Muñoz que me quiero ir".
Miñones ha destacado que nadie le explicó para qué se constituía dicha sociedad y que nadie le pidió documentación, a partir de 1999, porque se lo requería la Cámara de Cuentas andaluza o el Tribunal de Cuentas.
"NO ERA NADA ILEGAL"
En relación con la sociedad 'Turismo Ayuntamiento de Marbella 2.000', ha aclarado que "durante los cuatro primeros años" cobró de esa sociedad, desde 1995 a 1999. En esta sociedad, Miñones ha indicado que acudió a un "asesor fiscal" que le dijo que "no era nada ilegal" cobrar por una sociedad que pertenecía al Ayuntamiento.
"Me di de alta como autónoma. Pagué el impuesto de actividades económicas, pagué a Hacienda, figura en todos los certificados, pagué Seguridad Social y pagaba el IVA cuando firmaba las facturas que yo presentaba por asistencia a comisiones gestoras y asesoramiento", ha precisado. Miñones ha señalado que cobró "300 y poco mil pesetas netas al mes" de esta sociedad. "Me dijeron que ese dinero era el que tenía que cobrar y el que cobrábamos todos los concejales.
En relación con la presunta comisión de un delito contra la Seguridad Social, ha explicado que, figurando como gerente de la sociedad 'Gerencia de Obras y Servicios S.L.' y como vicepresidenta de la Fundación Arte y Cultura, "daba por hecho que lo estaban pagando". "Ninguno de los trabajadores vino a quejarse. No se pagó claro", ha puntualizado.
Por último, Dolores Miñones se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos y por la comisión de un delito continuado contra la Seguridad Social.
PROBLEMAS DE MEMORIA
El concejal de Aguas y Electricidad del Ayuntamiento de Marbella desde 1991 hasta 1994 y presidente de la 'Unión Deportiva San Pedro', Antonio Romero, quien, según ha señalado su abogado, tiene "problemas de memoria", ha declarado durante 30 minutos aproximadamente y ha señalado que antes de entrar en el Consistorio era promotor inmobiliario.
"Don Jesús Gil era el que daba todas las órdenes", ha afirmado Romero, quien ha dicho que no recuerda haber participado en las reuniones en las que se habló de la constitución de las sociedades municipales, creadas presuntamente para desviar fondos públicos procedentes del Ayuntamiento. Romero tampoco recuerda si la sociedad municipal Jardines 2.000 S.L. mantuvo algún tipo de actividad con la Concejalí que él dirigió.
Asimismo, ha confirmado que fue el ex primer edil Jesús Gil y Gil quien le nombró presidente de la 'Unión Deportiva San Pedro'. Al ser preguntado por el fiscal José Grinda sobre dos transferencias, por importe de 2.030.000 pesetas cada una, de las que fue receptor en 1994 ha indicado que se las efectuó el "interventor" a través de un "talón" y que fueron fondos utilizados para pagar las nóminas de los futbolistas y otros gastos del equipo.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en enero de 1994 Antonio Romero cobró la cantidad de 500.000 pesetas que, conforme a la orden de pago, quedaban pendientes de "justificar gastos viajes para gestiones personal corporación, lo cual no hizo".
En este punto, Romero ha declarado que los fondos, que fueron otorgados en un "cheque seguramente", se invirtieron en un viaje de tres días a París para "ver la depuradora de aguas potable" y que se gastaron en "billete, hotel y comida". El Ministerio Fiscal, pide para Antonio Romero una pena de prisión de cuatro años y seis meses por un delito continuado de malversación de caudales públicos.
