La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha constituido este jueves la Sala Primera de Apelaciones, que se encargará de conocer el proceso judicial contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.
La CSJ ha designado a Frank Martínez como presidente de la Sala Primera de Apelaciones, a Ramón Francisco González Pineda, como magistrado segundo, y a Juan José Rodad Martínez, como magistrado tercero.
"Hemos tenido que llamar a cada magistrado suplente para conformar esta Sala Primera de Apelaciones. Hasta 59 jueces se negaron a integrarla", ha explicado Martínez, en declaraciones recogidas por la prensa local.
El alto tribunal ha tenido que recurrir a los magistrados suplentes porque los titulares se inhibieron el pasado martes para no conocer el caso contra el ex dictador guatemalteco.
La Sala Primera de Apelaciones se encargará de resolver la recusación presentada por la defensa contra dos de los tres jueces que forman el Tribunal de Mayor Riesgo, donde se celebró el juicio contra Ríos Montt.
Tras ello, el Tribunal de Mayor Riesgo, con la nueva composición, de acuerdo con la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, retomará las actuaciones judiciales desde el 19 de abril, tal y como ordenó el pasado lunes la Corte Constitucional (CC).
ANULACIÓN DE LA SENTENCIA
Los cinco magistrados de la CC se reunieron el pasado lunes, con varios días de retraso, para analizar el recurso de queja, el petitorio y las dos solicitudes presentadas por la defensa para destituir al Tribunal de Mayor Riesgo por el caso Ríos Montt.
Tras diez horas de deliberación, decidieron por tres votos a favor y dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo.
Los dos votos en contra de la decisión corresponden al magistrado Mauro Rodrigo Chacón, que representa a la Universidad San Carlos, y a la magistrada Gloria Porras, que representa al Gobierno, aunque fue nombrada por el Ejecutivo de Álvaro Colom (2008-2012).
Los dos magistrados han considerado que la CC se ha extralimitado porque no le corresponde anular las actuaciones judiciales por irregularidades, ya que para ello ya hay un recurso en vía ordinaria, y han advertido de que el fallo es "ambiguo", por lo que "deja desprotegidas a las víctimas".
LA CONDENA
El pasado 10 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996).
La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que le impuso 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.
Barrios argumentó que resulta "inexplicable" que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era "la desaparición física del área ixil" a través de "planes elaborados", no de "acciones espontáneas", como alegaba la defensa.
No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver de ambos cargos al ex jefe de Inteligencia Militar al considerar que "no tuvo injerencia en el campo de operaciones".
PROCESO JUDICIAL
El juicio contra Ríos Montt arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la jueza instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.
Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes, alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.
El titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios.
Finalmente, el juicio se reanudó el pasado 30 de abril, después de que la CC se pronunciara en contra de la anulación y ordenara enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siguiera con el proceso judicial.
DOS ERRES
Ríos Montt también responde por la matanza de Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982, en la que 201 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron a manos de un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.
Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.
Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).
