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Viernes 22/11/2024
 

Almería

IU pedirá al concejal de Servicios Sociales de Roquetas que comparezca por el fraude detectado en la residencia

Desde IU se ha recordado que la operación ha dado lugar también a la apertura de un expediente sancionador a la residencia al comprobar que el centro carece de autorización de funcionamiento para prestar algunos de los servicios médicos

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El portavoz del grupo municipal de IU en Roquetas de Mar (Almería), Ricardo Fernández, ha anunciado que pedirá mediante escrito la comparecencia en pleno del concejal delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas, José Galdeano (PP), para que informe y responda a las preguntas sobre la operación 'Pegollo', en la que la Junta y la Guardia Civil identificaron a dos responsables de la residencia 'Virgen del Rosario' que se sirvieron de recetas médicas fraudulentas correspondientes a personas fallecidas para obtener más de 10.000 euros en medicamentos.

   En una nota, la formación ha señalado que pedirá al edil que explique cómo se ha gestionado y supervisado el funcionamiento de dicha residencia que, según han incidido, pese a estar gestionada de forma privada, el Ayuntamiento "es el responsable último de velar por el adecuado cumplimiento de los servicios que allí se prestan y de la calidad de vida de las personas mayores".

   IU ha explicado que quiere saber "qué ha fallado en el control que debería estar realizando el Ayuntamiento de Roquetas de Mar". "Desde IU Roquetas lamentamos que se haya llegado a esta situación y exigimos que se depuren todas las responsabilidades que pueda haber tenido el equipo de gobierno, que parece haber estado solo pendiente de la residencia a la hora de hacerse las fotos con compañeros de partido", ha criticado.

   Desde IU se ha recordado que la operación ha dado lugar también a la apertura de un expediente sancionador a la residencia al comprobar que el centro carece de autorización de funcionamiento para prestar algunos de los servicios médicos.

   Según la investigación, dos responsables imputados del centro, que renovó su concesión en noviembre del pasado año, habrían hecho uso de las recetas electrónicas de 26 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, lo que ha supuesto un coste de 10.049 euros para el erario público y con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos, de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios.

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