Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEyF) de Cádiz han detectado en los últimos meses un incremento en la inscripción de parejas de hecho en el registro que la Junta de Andalucía tiene para tal fin, en la que uno de los contrayentes solicita un permiso de residencia de familiar de comunitario en España, dando como resultado que el 80 por ciento de los casos investigados resultaron ser una unión de conveniencia, siendo por lo tanto fraudulenta e incurriendo en una infracción administrativa con multas hasta 10.000 euros.
Según ha informado en una nota la Policía Nacional, los agentes de extranjería se percataron de este hecho ante el incremento de la inscripción de este tipo de parejas, debido a la facilidad con la que pueden registrarse, ya que los requisitos exigidos se sustentan en una 'Declaración de voluntad' de constituir una pareja de hecho, que podrá realizarse mediante comparecencia personal de los interesados ante el titular del órgano encargado del Registro correspondiente o ante el alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, o personal funcionario en quien deleguen, en la que manifiesten su consentimiento de mantener una relación de convivencia estable, según lo dispuesto de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
En el primer semestre del año 2013, tanto la BPEyF de la Policía Nacional, como la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, han puesto, por diversos motivos, en duda el registro como pareja de hechos de un elevado número de inscripciones, una vez que las mismas solicitan el correspondiente permiso de residencia de familiar de comunitario.
Tras la sospecha de una posible pareja de hecho fraudulenta, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras comienza una investigación sobre la misma, encaminada a descubrir la veracidad o no de dicha unión, comenzando con la comprobación de la documentación presentada tanto en la Junta de Andalucía como en la propia Subdelegación del Gobierno con la intención de descubrir algún tipo de falsedad en los documentos presentados.
Posteriormente, se comprueba si, realmente, existe convivencia entre ambos y si es necesario, se realiza una entrevista por separado a la pareja por los funcionarios policiales, con el fin de determinar contradicciones en las respuestas dadas por los entrevistados.
De los numerosos casos puestos este año en duda por la BPEyF y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, los funcionarios actuantes demuestran que el 80 por ciento de ellos se inscriben con el único objetivo de conseguir por parte del ciudadano o ciudadana extranjera, la residencia legal en nuestro país.
Una vez descubierto el fraude, la Brigada encargada de la investigación realiza un informe detallado sobre la investigación realizada y la conclusión a la que llega, siendo dicho informe enviado al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía, en Cádiz.
Posteriormente, por parte del Grupo de Extranjeros, se propone para sanción al ciudadano de origen español por una infracción administrativa prevista la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, que establece: "Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito. Dicha sanción oscila entre los 501 euros y los 10.000 euros".
