El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una propuesta dispositiva que reitera a la Consejería de Cultura la delegación de competencias en materia urbanística en diversos sectores del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La propuesta ha contado con el voto favorable del PP y el PSOE y el voto contrario de IU-CA, contando con un debate sobre los más conflictos urbanísticos vividos por la ciudad en los últimos años.
En 2011, cabe recordarlo, la Consejería de Cultura cedió al Ayuntamiento las competencias relativas a la autorización de obras y actuaciones en los ámbitos del Conjunto Histórico Artístico correspondientes a los sectores La Calzada-Fábrica de Artillería y Santa Catalina-Santiago, al contar cada uno de ellos con sus respectivos planes especiales de protección plenamente validados. Meses antes, el mismo procedimiento había sido formalizado respecto al subsector 8.1 del Conjunto Histórico, bautizado como Encarnación.
Desde entonces hasta ahora, el Ayuntamiento ha continuado con la elaboración de los planes especiales de protección necesarios para contar con competencias directas sobre los diferentes sectores del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad. Esgrimiendo los citados planes especiales de protección, la propuesta elevada a debate este viernes en el pleno reitera a la Junta que delegue en el Ayuntamiento las competencias urbanísticas de otros nuevos sectores del Conjunto Histórico Artístico.
El debate de la propuesta ha incluido menciones al conflicto desencadenado al sopesar la Organización de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) poner en su lista de patrimonio en peligro los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio Mundial, a cuenta de la torre Pelli, el fiasco urbanístico de la biblioteca central de la Universidad de Sevilla o la polémica decisión de La Caixa de renunciar a su compromiso de rehabilitar las antiguas Reales Atarazanas.
Así, las fuerzas de oposición han reprochado al Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido su intento por "subvertir" el espíritu del PGOU de 2006 y el propio alcalde ha recriminado a PSOE e IU-CA los conflictos urbanísticos de los pasados mandatos.
"No podemos seguir dándole confianza", ha dicho Antonio Rodrigo Torrijos por parte de IU-CA, mientras Juan Espadas, por el PSOE, ha defendido que el Ayuntamiento "tiene derecho" a pedir estas competencias y por eso el PSOE apoya la propuesta, pero ha avisado de que el Gobierno local ha dado muestras "de que se ha separado de un criterio de legalidad" en materia urbanística.
El alcalde, por su parte, ha defendido que se trata de "una cuestión de legalidad" y ha pedido que este asunto de patrimonio histórico sea apartado de la "confrontación política".
