La Junta de Andalucía ha readmitido hasta el momento a 107 trabajadores del operativo del Infoca que habían perdido su empleo en toda la región "a pesar de que había sentencias que ordenaban su readmisión", según ha asegurado la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Málaga, Dolores Quintana, quien ha mostrado su satisfacción por que la Consejería de Medio Ambiente "haya escuchado las demandas de los afectados".
Quintana y el portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, se han reunido en varias ocasiones con representantes del colectivo de trabajadores afectados, han mediado frente a la Administración e incluso han protagonizado algunos actos reivindicativos. Como por ejemplo, la aparición de Castro en la Cámara Andaluza, ataviado con una camiseta con lemas sobre la admisión de los trabajadores, el mismo día que éstos visitaron el Parlamento.
La diputada de IU ha mostrado, en rueda de prensa la respuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la que se anuncia el compromiso de contratar a los trabajadores pendientes de la sentencia de readmisión, así como de crear una bolsa de trabajo para cubrir los puestos que sean necesarios para las tareas relacionadas con la extinción de incendios.
"Estamos muy satisfechos, porque la pérdida de empleo en el Infoca no tenía sólo consecuencias laborales y económicas para las familias afectadas, sino que pone en riesgo el servicio", ha aseverado Quintana, que también ha recordado que la Junta "pretendía indemnizar a los trabajadores despedidos".
"No estábamos de acuerdo con que se promovieran despidos encubiertos, se pagaran indemnizaciones con dinero público y se dejara el servicio sin retenes. La reducción de los puestos de trabajo supone una ineficacia del dispositivo, ya que lleva a la desaparición de retenes y la merma de efectividad de otros", ha señalado, al tiempo que ha recordado "la importante masa forestal de Andalucía y, en particular la malagueña".
Según la respuesta parlamentaria aludida por Quintana, el Infoca dispone para este año en la provincial de Málaga de un operativo compuesto por dos Cedefos; una Brica, base de brigada especializada, con 47 trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua; 121 funcionarios y 378 trabajadores de la Agencia; así como 10 vehículos pesados, dos nodrizas, un avión y tres helicópteros.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN CANTERAS DE ALHAURÍN
Por otro lado, Quintana ha alertado de que "se pueden estar extrayendo áridos de nuevos focos en las canteras de Alhaurín de la Torre (Málaga)" y ha pedido que "no se prorrogue el plan especial", además ha anunciado que reclamará a la Junta que investigue "si los propietarios de las canteras del municipio están abriendo nuevos focos de extracción de áridos y, por lo tanto, incumpliendo el acuerdo marco firmado en su día".
La diputada andaluza ha recordado que el plan especial aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, recoge que "sólo se puede comercializar el producto que las empresas obtengan de la restauración de las canteras, siempre dentro de las superficies afectadas y no provenientes de nuevos frentes".
Sin embargo, ha explicado que "fuentes del colectivo ciudadano que tradicionalmente ha defendido el cierre de las canteras, indican que sí se están abriendo nuevos focos", por lo que Izquierda Unida, ha continuado, "reclamará de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, encargada de hacer las labores de seguimiento de la restauración, que confirme estas nuevas informaciones".
Al mismo tiempo, Quintana ha anunciado que pedirá a la Junta de Andalucía que no se prorrogue el plan especial de reforestación de las canteras que expira el próximo verano y que "actúe contra los propietarios de las mismas que no lo cumplen".
Por otro lado, la diputada andaluza ha mostrado a los periodistas una respuesta parlamentaria en la que se informa de que la cantera denominada Troconal 130, perteneciente a la empresa Áridos y Reforestación SA "no ha comenzado la rehabilitación de su terreno aduciendo que se ve imposibilitada a pagar las prestación compensatoria, dado el contexto de crisis económica".
Para concluir, Quintana se ha preguntado que "cómo es posible que carezca de fondos cuando esta empresa pertenece al grupo Sando, implicado en el denominado caso Bárcenas, por una presunta financiación irregular".
