El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado cree que la respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su demanda de que tomara medidas contra el juez cordobés que llamó "burros" a los políticos en una sentencia es un "claro ejemplo del mal funcionamiento de la Administración de Justicia, donde prima el corporativismo mas anticuado".
En declaraciones a Europa Press, Hurtado ha reaccionado así después de que el CGPJ le haya aclarado en una carta que solo actuará contra el titular del Juzgado de lo Social número dos de Córdoba, Manuel Oteros, si previamente otro juez así lo determina, deduciendo testimonio, a partir de la sentencia original, sobre la posible falta en la que podría haber incurrido el primer magistrado.
El CGPJ respondió así al escrito que Hurtado, como "representante público", le remitió el pasado mes de mayo, para formularle "una queja o reclamación" sobre una sentencia laboral dictada por Oteros, que tuvo especial difusión en los medios de comunicación por incorporar en la resolución "una desafortunada opinión personal", al llamar "burros" a los políticos, motivo por el que Hurtado preguntó al CGPJ si pensaba adoptar algún tipo de medida que "sirva para corregir o reparar lo expresado" en la sentencia.
Ahora, ante la misiva del CGPJ, informándole que solo se planteará tomar alguna medida contra Oteros si otro juez así se lo demanda, Hurtado ha señalado que le parece "una respuesta evasiva, aun con fundamento, que muestra poco interés en que los excesos de la sentencia, por la utilización de expresiones ofensivas e irrespetuosas, puedan dan lugar a la apertura de un expediente disciplinario al señor juez".
En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el artículo 423 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "el procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, y se iniciará, por acuerdo de la sala de gobierno o presidente que corresponda o, en su caso, de la Comisión Disciplinaria o del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden o petición razonada de distinto órgano, o de denuncia. También se iniciará a instancia del ministerio fiscal".
También se indica en dicho artículo, según ha subrayado Hurtado, que "toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en general y de la actuación de los jueces y magistrados en particular será objeto, en el plazo de un mes, de informe del jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en el que se podrá proponer el archivo de plano, la apertura de diligencias informativas o la incoación directa de expediente disciplinario".
Es decir, la norma, según ha resaltado el diputado del PSOE, "pone de manifiesto que se puede iniciar el procedimiento disciplinario previa denuncia y que, tras la denuncia presentada, el jefe del Servicio de Inspección debe informar en el plazo de un mes, pudiendo optar por: archivar la denuncia, apertura de diligencias informativas o la incoación directa de expediente disciplinario", opinando Hurtado que, "en este caso podría haber abierto diligencias informativas o incoado el expediente disciplinario, sin embargo ha optado por archivar la denuncia".
Por eso, para el diputado del PSOE, este es "un claro ejemplo del mal funcionamiento de la Administración de Justicia, donde prima el corporativismo mas anticuado", ya que, "en cualquier otra administración esta denuncia seria motivo más que suficiente para abrir un expediente disciplinario".
No obstante, según ha concluido Hurtado, "si el Ayuntamiento de Córdoba decide recurrir la sentencia", ya que ésta afectaba a un trabajador municipal, espera "que ponga de manifiesto al Tribunal Superior la necesidad de 'deducir testimonio' o comunicación al Consejo General del Poder Judicial o al ministerio fiscal, para que de forma obligada se abra un expediente disciplinario al señor Juez, por utilizar expresiones ofensivas o irrespetuosas en la sentencia judicial que dictó".
