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Lunes 25/11/2024
 
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Huelva

El fiscal pide 22 años de cárcel a los tres principales acusados del asesinato del empresario Díaz Calo

La autopsia reveló que la muerte fue producida por la combinación de múltiples contusiones, en particular por la mediación del efecto de la insuficiencia respiratoria debido a las múltiples fracturas costales y la del esternón

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El próximo jueves 19 de septiembre arrancará el juicio por el asesinato de Manuel Díaz Calo, el empresario que en octubre de 2008 fue golpeado hasta la muerte en su chalé de Sanlúcar del Guadiana (Huelva), donde fue robada la caja fuerte de su propiedad, un juicio que se prevé que finalice el 30 de ese mismo mes, y por el que la Fiscalía pide a los tres principales acusados, I T., I.Mo., y Fl.A.M., casi 22 años de prisión por un delito de asesinato, otro de robo con violencia o intimidación y otro de allanamiento de morada.

   En total, según reza en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, son siete los procesados en total --seis de nacionalidad rumana y un español--, y pide para el resto tres años de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación y por un delito de allanamiento de morada, considerando a dos de ellos como cooperadores necesarios.

   Los hechos se remontan al mes de octubre de 2008, cuando cinco de los procesados, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y con conocimiento del interior de la propiedad de Manuel Díaz Calo y de las costumbres de este último, se dirigieron desde Cartaya a la localidad de Sanlúcar de Guadiana, asaltando la vivienda de la víctima y encontrándose a Díaz Calo en las inmediaciones de la puerta principal, solo y sin protección alguna, sin vecinos alrededor y a punto de realizar su ritual diario de meterse en su piscina y posteriormente en la sauna de la casa, hechos que los acusados conocían gracias a la información obtenida de los procesados como cooperadores necesarios.

   Según indica la Fiscalía, tras reducir los tres principales acusados a la víctima mediante diversos golpes y empujones, le ataron los pies y las manos y comenzaron a golpearle con objeto de que les dijera la combinación de la caja fuerte que se hallaba en dicho dormitorio, cosa a la que Díaz Calo se resistió hasta su muerte.

   Posteriormente, la autopsia reveló que la muerte fue producida por la combinación de múltiples contusiones, en particular por la mediación del efecto de la insuficiencia respiratoria debido a las múltiples fracturas costales y la del esternón.

   A su vez, indica que los procesados, al no conocer la clave para dar apertura a la caja fuerte, la desanclaron del suelo y pared y se la llevaron, consiguiendo abrirla posteriormente en una carretera tras golpearla repetidamente. En su interior había una cantidad no determinada de dinero que pudiera alcanzar los 27.000 euros y un reloj Rolex.

   El fiscal considera probado que los cinco procesados señalado tenían conocimiento de la existencia del inmueble de Díaz Calo, de su ubicación, habitaciones, presencia de la caja fuerte, ausencia de vecinos, rituales diarios de éste y de su costumbre de guardar fuertes cantidades de dinero en la citada caja, gracias a la información que les habían suministrado supuestamente en fechas inmediatamente anteriores a los hechos ya señalados los otros dos procesados como cooperadores necesarios, quienes incluso los condujeron un día hasta la atalaya del castillo de Sanlúcar de Guadiana con la finalidad de que desde allí pudieran observar la configuración interior general de la finca para poder sustraer así la caja fuerte ya señalada.

   De igual modo, el fiscal pide una multa de más de 2.000 euros para cada uno y una indemnización conjunta a los herederos de Manuel Díaz Calo en la cantidad de 27.000 euros por el dinero metálico sustraído y no recuperado y por el reloj. A su vez, a los principales acusados pide una indemnización de 120.000 euros por el fallecimiento de Díaz Calo.

   El juicio se celebrará a partir del próximo jueves y en el mismo se le tomará declaración a los procesados y como testigos a guardias civiles, médicos forenses y demás peritos.

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