El presidente de la sección sindical del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Bustelo, ha considerado este miércoles que los cinco años de cárcel que la Fiscalía pide para cuatro policías locales de la ciudad hispalense acusados de defraudar 5.038,75 euros constituye "una barbaridad". Los cuatro agentes están acusados de falsear su asistencia a juicios en horario fuera de servicio, para cobrar las dietas asociadas a estas obligaciones.
En declaraciones a Europa Press, Manuel Bustelo ha explicado que estos cuatro agentes son afiliados del Sppme y dos de ellos han hecho uso de los servicios jurídicos que el sindicato ofrece "a todos sus afiliados". Los cuatro policías locales, según Bustelo, fueron suspendidos de empleo y sueldo durante nueve meses en el marco del expediente disciplinario emprendido en su contra por el propio Ayuntamiento, si bien todos ellos regresaron a la actividad al quedar congelado dicho expediente, extremo derivado de la apertura de las diligencias judiciales.
Bustelo, de cualquier modo, ha manifestado que su organización sindical lleva mucho tiempo reclamando a las autoridades una "regularización" del control de los agentes que acuden a las citaciones judiciales pero finalmente no testifican al no considerarlo necesario el juez o la juez de turno. "Esto debe estar regularizado para que quede siempre constancia de que los agentes han acudido pese a que al final no hayan comparecido ante el juez", ha dicho Bustelo manifestando que la ausencia de controles claros en este supuesto concreto puede generar "miles de controversias" como la que atañe a esta investigación judicial. "Es una barbaridad lo que pide la Fiscalía. No tiene que ser tan grave el tema cuando no se han puesto remedio para arreglar esta situación", ha aseverado.
ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para cada acusado cinco años de prisión y otros cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones de policía, así como el pago de una multa de 2.880 euros, por un delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario público en concurso con un delito de fraudes y exacciones ilegales.
Asimismo, pide que los cuatro acusados indemnicen con 5.038,75 euros al Ayuntamiento de Sevilla, cifra que corresponde al total de lo presuntamente defraudado por los policías, uno de los cuales llegó a hacerse con 2.328,25 euros frente a los 799,25 euros de otro de los agentes.
"TRAMARON UN PLAN"
La Fiscalía relata que los imputados, E.M.B., A.C.M., E.M.J., y G.J.P., sabedores de que el Ayuntamiento abonaba dietas por asistencia a actos judiciales fuera de las horas de servicio en la cuantía de 34,75 euros por asistencia, se pusieron de acuerdo entre los años 2007 y 2011 y "tramaron un plan" para "cobrar la cantidad referida por cada juicio, simulando su asistencia a tales actos, cuando efectivamente no asistían".
Para ello, los acusados "utilizaron diferentes caminos" para cobrar las dietas, de manera que, "estando citados en el atestado los acusados correctamente, no comparecen a juicio y sin embargo sellan la autocitación".
SELLOS "MANIPULADOS"
En otras ocasiones, "no estando citados a juicio, confeccionan una cédula de autocitación y proceden a su sellado, rellenando y presentando para su certificación al funcionario competente los correspondientes cajetines documentales que estaban en las cédulas de citación, en las que también habían estampado en ocasiones el sello del juzgado correspondiente; o utilizando el mismo método, usan en otras un sello manipulado de forma tal que impide conocer a qué juzgado pertenece".
Asimismo, y según señala el fiscal, en otras ocasiones llevaban a cabo "la falsificación íntegra de citaciones, reproduciéndolas de forma fotomecánica mediante impresora de inyección de tinta" a fin de "dar verosimilitud a la asistencia, además de, en alguna ocasión, manipular el sello de entrada de documentos en las dependencias de la Policía Local para conseguir la finalidad dicha o presentar certificaciones u otro documento habiendo falseado la firma del correspondiente secretario judicial".
Seguidamente, el Ministerio Público describe pormenorizadamente los juzgados donde los acusados presentaron dietas falsas, como son en 19 de los 20 juzgados de Instrucción existentes en la capital hispalense --todos menos el que dirige la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares-- y en tres juzgados de lo Penal.
