Manuel María de Bernardo Foncubierta, ex alcalde de San Fernando y concejal específico de Desarrollo Sostenible, ha presentado su renuncia al acta de concejal en el Registro del Ayuntamiento a media mañana de este martes, después de que se hiciera pública la sentencia contable del Tribunal de Cuentas que lo considera responsable subsidiario del alcance en la Caja municipal dado a conocer el 1 de abril de 2009.
En la misma situación se encuentra el también ex alcalde isleño, Antonio Moreno, aunque éste se retiró de la política activa tras no ser elegido por su partido como candidato por Cádiz al Parlamento andaluz.
La siguiente en la lista electoral andalucista de las pasadas elecciones era Rosario Álvarez Alías, natural de San Fernando, Licenciada en Bellas Artes y Profesora de Instituto, quien fue en el anterior mandato cuarta teniente de alcalde y delegada general del Área de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, todo hace indicar que quien ocupara el escaño de Manuel de Bernardo será Antonio Gutiérrez Ramírez, independiente de 56 años, natural de San Fernando y Diplomado en Ciencias de la Educación, además de cargador y cofrade.
El Tribunal de Cuentas ha condenado a los dos funcionarios que se encargaban de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, al abono de 7.665.733,92 euros (más intereses). Estipula que ambos son los responsables directos de la desaparición de esta gran cantidad de dinero del Ayuntamiento isleño.
Este fallo también involucra a los dos ex alcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, a los que considera responsables subsidiarios y a los que condena a pagar 29.250 euros cada uno, una cantidad inferior a la reclamada por el Ayuntamiento isleño.
La primera resolución judicial del robo de la caja implica también a la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, a la que le requiere el pago de 29.544,65 euros; al interventor actual (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández, que tendrá que pagar 67.450,72 euros; y a su predecesor en el cargo, Rafael Monzón Ristori, al que reclama 29.779,05 euros. A todos ellos considera igualmente responsables subsidiarios de la desaparición de dicho dinero.
