Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir de este lunes a guardias civiles que prestaban servicio en el aeropuerto de Málaga capital, a los que se les acusa de pedir dinero a pasajeros extranjeros a cambio de poder pasar el equipaje, tanto alimentos en algunos casos no permitidos, como distintos objetos. En total son 18 procesados, de los que 17 son agentes.
Este juicio se celebra por el procedimiento del Tribunal del jurado después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga se declarara en enero de 2011, hace ahora tres años, sin competencia para juzgar este caso en función de los delitos por los que se acusa a los procesados --fundamentalmente cohecho--, cuestión previa que presentó una de las defensas de varios agentes.
Así, inicialmente, se ha previsto que, tras la selección este lunes de los miembros del jurado, comiencen a declarar los acusados, comparecencias que se prolongarían a lo largo de varios días, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Posteriormente, la siguiente semana, sería el turno de los testigos de la Guardia Civil y otras testificales.
La Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo a finales de 2005 que algunos de los componentes del cuerpo destinados en la sección fiscal del aeropuerto malagueño pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, según el escrito de acusación provisional, presentado en su día por la Fiscalía.
En esta línea, el ministerio fiscal apuntaba que los investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus familiares que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En esta causa, también está acusado un hombre de origen chino por cohecho.
En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos. Tras eso, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En las conclusiones provisionales, se detallaban varias peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006.
Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, presuntamente los agentes requirieron dinero por dejar pasar equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, pero también comida que no podía ser libremente importada, ropa, dinero y, en un caso, un ordenador con el pretexto de que la aduana estaba cerrada.
Inicialmente, el ministerio fiscal acusaba a los agentes por un delito de cohecho, por el que pide para cada uno una pena de suspensión de empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los casos; o por un delito continuado de cohecho, por el que solicitaba una pena de tres años y nueve meses de suspensión y multa.
Asimismo, para alguno de los procesados, se incluyó en el escrito de acusación inicial la calificación alternativa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita para dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres años y multa.
