El pasado 31 de diciembre entró en vigor la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y varias semanas después existe una enorme controversia sobre la real aplicación de la polémica norma gubernamental. Con numerosas aristas y flancos, uno de los asuntos que ha suscitado un mayor debate es el del sueldo de alcaldes y concejales, con una singular lectura en la comarca de Ronda, donde la mayor parte de sus pueblos tienen menos de 1.000 habitantes. Así, sólo siete de los 22 alcaldes serranos podrán mantener su exclusiva o, lo que es lo mismo, quince no cobrarán por un contrato a jornada completa, si bien sí podrán tener retribuciones parciales, que es el último cambio introducido por el Gobierno con respecto a sus iniciales intenciones.
Ronda, Arriate, Cortes, Gaucín, Montejaque, Benaoján y Cuevas del Becerro son las localidades que superan esa barrera. El resto de alcaldes no han escondido ni esconden su enfado, si bien los del Partido Popular han venido a decir que en la ley está la trampa, y que aunque no se pueda cobrar una exclusiva, un regidor podrá estar contratado al 99 por ciento de la jornada laboral sin saltarse esa ley. Y mientras la FEMP ha remitido unas pautas señalando excepciones en la aplicación de la reforma hasta final de la legislatura para aquellos ayuntamientos donde no exista déficit y se esté al día en el pago a proveedores o la contabilidad, el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros ha pedido al Gobierno que clarifique la norma, y se espera la emisión de una circular que confirme todos estos extremos.
Lo que lamentan los alcaldes de los pequeños pueblos donde no gobierna el Partido Popular, la mayoría en la comarca, es una clara discriminación: “La reforma debería aplicarse por igual a todos los municipios, tengan más o menos de 1.000 habitantes. No estoy de acuerdo con que alguien que desempeñe un trabajo no perciba un salario por esas funciones, y sólo debería suspenderse el sueldo a aquellos responsables públicos que no tengan las cuentas de sus administraciones al día, independientemente de su tamaño o población”, opinó a RONDA SEMANAL Francisco Benítez, alcalde socialista de Cartajima. Cobra 1.300 euros al mes, y no sólo hace las veces de político, sino que desempeña tareas de dirección y control de obras, de administrativo, registro e incluso contabilidad. El Ayuntamiento cuenta con un auxiliar administrativo dos veces en semana, un técnico de obras que trabaja cuatro horas a la semana y un secretario un día a la semana. El alcalde admitió que “es necesario reformar la administración local”, si bien demandó una norma más “justa y sensata”.
En Júzcar, David Fernández, también socialista, reprochó por su parte el cariz ideológico de la reforma: “Cualquier persona que esté preparada y tenga iniciativa para dirigir uno de nuestros pueblos no querrá hacerlo, porque tendrá que buscarse la vida de otra forma. La reforma parece que quiere que en los pueblos sólo queden alcaldes como en la época de Franco, cuando dirigían terratenientes que no necesitaban cobrar un sueldo. Esas ideas no son justamente las que necesitan estas zonas para progresar”. Fer-nández cobra 1.250 euros al mes.
Ambos alcaldes coincidieron en que son estos pequeños Ayuntamientos los que menos deuda tienen. En ambos casos, están al día en el pago a proveedores. Y así también el Ayuntamiento de Jimera de Libar, gobernado en este caso por el PP. Su alcaldesa, Mayte Domínguez, no escondió su inicial malestar tras conocerse que los alcaldes de pueblos como el suyo no podrían cobrar, si bien alumbró que aunque no puedan estar contratados a tiempo completo, sí podrán tener dedicaciones parciales: “Nadie dejará de cobrar, e incluso habrá quien cobre más de lo que ha percibido hasta ahora al aplicarse el baremo del sueldo de los secretarios de Estado. En mi caso, cobro 24.000 euros al año, y podría recibir hasta 39.000 si se tiene en cuenta el sueldo de estos secretarios y la suma de los complementos. Ha habido mucho ruido para tan pocas nueces”, defendió. Domínguez se colocó junto a la reforma, porque “se ha malgastado mucho y hay que regular cosas. Si yo cumplo, todos deben cumplir. Y aquí estamos al día”, defendió.
EN RONDA
La alcaldesa de Ronda, en el rango éste de los municipios entre 20.001 y 50.000 habitantes, podría cobrar un 45 por ciento menos del sueldo de un secretario de Estado, a resultas de lo cual Mari Paz Fernández podría percibir hasta 65.000 euros brutos anuales contra los casi 48.000 que cobra en la actualidad. En la ciudad podrá haber hasta 11 dedicaciones exclusivas, siendo ahora cuatro las existentes. A ellas se suman tres dedicaciones parciales y cinco indemnizaciones. Por cuanto a los cargos de confianza, podría haber siete como máximo en Ronda según los términos de la reforma ya en vigor.
