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El 092 refuerza el control de venta ambulante de productos perecederos sin licencia

Los agentes decomisan en el último trimestre 2.398 kg de frutas y huevos, 65 de pescado y 8 de bollería

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La Policía Local ha realizado un total de 56 actuaciones en materia de control y prevención de venta ambulante de productos perecederos sin la correspondiente licencia en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013. Se han aprehendido un total de 2.398 kilos de frutas, verduras y huevos; 65 kilos de pescado y marisco y 8 kilos de bollería.Según informa el Ayuntamiento, las citadas actuaciones se han producido en distintas zonas de la ciudad, así como en pedanías y barriadas rurales. La mayoría de las mismas se han registrado en los aledaños del mercadillos de los lunes (Hijuela de las Coles) y el de los sábados (La Granja), en la zona de Merca 80 San Benito y en los alrededores del Mercado Central de Abastos, si bien en esta última zona se permite la venta de productos de temporada como tagarninas y espárragos.


En septiembre se decomisaron 523 kilos de frutas, verduras y huevos y 6 de pescado; en octubre, 929 de frutas, verduras y huevos; en noviembre, 724 kilos de frutas, verduras y huevos y 38 kilos de pescado y marisco y en diciembre, 222 de frutas, verduras y huevos, 65 kilos de pescado y marisco y 8 de bollería. Los productos intervenidos más numerosos han sido: frutas y verduras, pescado y marisco, huevos y bollería. Estos productos son decomisados y puestos a disposición de las autoridades sanitarias para su valoración y estudio. Los que se consideren aptos para el consumo, una vez finalizada la inspección sanitaria, se pueden devolver al titular si éste demuestra con facturas el origen y la propiedad de los mismos. En caso contrario, se envían a organizaciones benéficas de la ciudad. En ambos casos continúa el proceso sancionador.


De hecho, las infracciones a la venta ambulante sin licencia está considerada como falta “muy grave” a las ordenanzas municipales de comercio ambulante, pudiendo conllevar una sanción pecuniaria que oscila entre los 3.001 euros y los 18.000 euros. Se puede incluso considerar como delito si los productos intervenidos ponen  en riesgo la salud de sus potenciales consumidores.

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