El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado, con el voto contrario del PSOE y a favor de toda la oposición, las dos propuestas planteadas por IU en las que se proponía aplicar sanciones a los inmuebles desocupados que son propiedad de entidades financieras y grandes empresas, además de instar al Gobierno a adoptar determinados acuerdos con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como es la retirada de la reforma local o del anteproyecto de la normativa contra el aborto, entre otros, al entender que afectan negativamente de forma especial a este colectivo.
Así, la propuesta en materia de vivienda contaba con una enmienda del PSOE, en la que se planteaba la puesta en marcha de una unidad de alquiler para atender las solicitudes de personas en exclusión social y la recalificación a alquiler de aquellas viviendas públicas en venta o régimen de alquiler general que se encuentren vacías; además de que Emasesa haga efectivo el derecho al mínimo básico indispensable de agua, mediante la figura de abonados provisionales pro circunstancia de exclusión social.
De este modo, la propuesta de IU, rechazada por el PP, se hacía eco de la moción promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que se reclama la puesta en marcha de diversas medidas municipales al objeto de garantizar el derecho a la vivienda de la población. Entre las propuestas de la PAH, que Izquierda Unida hace suyas, destaca la de que el Ayuntamiento establezca un recargo del 50 por ciento en el IBI a los inmuebles de entidades financieras que permanecen vacíos, que ascendería al 100 por ciento si, seis meses después, éstos siguen desocupados. También se plantea, llegado el caso, emprender procedimientos sancionadores por infracción grave si la situación no se corrige.
Desde IU se insiste en que sancionar a los bancos que tengan pisos vacíos "no sólo es algo justo, sino perfectamente viable" y plantea que el Ayuntamiento hispalense inste al Gobierno central a retirar el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto contra la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, que permitía a la administración autonómica expropiar temporalmente el uso de pisos de bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión.
