El Consejo de Ministros ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), solicitando además que quede suspendida hasta que se resuelva el recurso.
La norma impugnada reserva a la Junta de Andalucía la actividad extractiva en el complejo minero de Aznalcóllar y dirige un mandato a la administración autonómica para que las actividades extractivas de explotación se adjudiquen mediante concurso.
El Gobierno considera que el mencionado Decreto Ley es inconstitucional, ya que las facultad de reservar zonas para el aprovechamiento minero corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973.
Además de este recurso ante el TC, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar un conflicto positivo de competencias contra la resolución del pasado 13 de enero de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas en Aznalcóllar.
En el concurso se veta a la multinacional Boliden, que explotaba el yacimiento cuando se produjo el vertido tóxico en 1998, así como a cualquier empresa que tenga relación con la misma.
Según la Junta de Andalucía, el concurso internacional cuyo plazo de presentación de ofertas acaba el próximo mes de abril, cuenta con "las máximas garantías medioambientales".
La balsa de vertidos tóxicos de esta mina sufrió en 1998 una rotura que supuso el mayor vertido tóxico registrado en la historia de España y que puso en jaque al Parque Nacional de Doñana.
