El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha declarado ajustada a derecho la reclamación realizada por la empresa que construyó el Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio malagueño de Benamocarra y condena a su Ayuntamiento a abonar varias certificaciones de obras, por valor de 1,4 millones de euros, así como a devolver el aval de 104.300 euros y al pago de los intereses.
Esta sentencia no es firme y de hecho, según el alcalde, Abdeslam Lucena, se ha presentado un recurso en el que, entre otros aspectos, se insta "a emplazar a la Junta de Andalucía porque a día de hoy no ha pagado toda la financiación al Ayuntamiento". Asimismo, ha apuntado que "existe un procedimiento judicial en el que se reclama al Gobierno andaluz a pagar todas estas cantidades".
La mercantil presentó en octubre de 2010 un recurso contra la desestimación de la reclamación de recepción de obras, el pago de cinco certificaciones de obras e intereses, que fue presentada ante el Consistorio en julio de ese mismo año. Se explicaba que durante el desarrollo del contrato de ejecución se fueron emitiendo certificaciones conforme a lo establecido.
Así, en total fueron 20, la última --que es una de las que está en este litigio-- resultante de un modificado y reformado del proyecto que fue aprobado por el organismo dependiente de la Consejería de Educación, propietaria del edificio. Se relataba por la empresa, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que las obras se realizaron "a satisfacción de la administración contratante".
Pero, a pesar de ello, "no se abonaron las certificaciones 16 a 19, resultantes del proyecto y contrato inicial --por valor de 1,06 millones--; ni la número 20 --390.000 euros--, derivada del reformado posterior y final de obras", según la demandante. Por su parte, el Ayuntamiento consideró improcedente las peticiones realizadas por la empresa por varios motivos, pidiendo que se dictara una sentencia desestimatoria.
Entre los argumentos, estaba que se hizo un modificado del contrato "el cual, al parecer de la administración municipal, no estaba autorizado por el municipio, único competente y no la administración autonómica educativa", uniendo a todo ello "la falta de pago por la Consejería de la Junta de la financiación pactada". Por todo esto, el Consistorio entendía improcedente la recepción de las obras y el pago de esas cinco certificaciones.
Para el juez, resulta "incomprensible" que "se aduzcan como motivos del impago de las certificaciones 16 a 19 que el Ayuntamiento no ha recibido el importe completo de la subvención cuando los trabajos se habían realizado". "Dicha negativa resulta del todo punto inadmisible pues la contratista no es responsable de dicha situación", se apunta, añadiendo que no se niega "que las certificaciones fueron aprobadas en junta de gobierno local".
El juez rechaza, igualmente, los argumentos del Ayuntamiento en cuanto a la certificación del modificado, aludiendo a distintos documentos como el informe de final de obra; y considera que "sólo la voluntad unilateral y arbitraria del Ayuntamiento de Benamocarra impide el total cumplimiento del contrato de obras que la propia administración municipal adjudicó a la empresa".
Asimismo, entiende que "la falta de devolución del aval que fue constituido para garantizar la correcta ejecución del contrato sólo significa que el mismo se encuentra retenido sin excusa o razón alguna por la sola voluntad unilateral de la Alcaldía de Benamocarra", por lo que también acuerda su devolución.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El alcalde ha insistido en que estas cantidades "se han reclamado en otro procedimiento a la Junta de Andalucía porque no las ha pagado". Así, según ha explicado, se ha aportado al juzgado un certificado de la Secretaría municipal en el que se explica la financiación de estas obras, que se adjudicaron por 2,6 millones de euros, de forma que la aportación que correspondía a la Junta de Andalucía ascendía a 2,4 millones de euros.
En el certificado se especifica que, según la documentación que consta en el Consistorio, el Gobierno andaluz ha ingresado en total hasta la fecha 1,3 millones de euros y tiene pendiente 1,18 millones de euros. Asimismo, se añade que al haberse abonado ya 15 certificaciones, por importe de 1,5 millones de euros, "el Ayuntamiento ha abonado más importe que el ingresado hasta hoy por parte de la Junta de Andalucía".
En otro documento, también de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, se indica que desde el presupuesto de 2006 hasta el de este año "no ha existido consignación presupuestaria alguna" para las certificaciones en litigio, además de que éstas "no han sido aprobadas por este Ayuntamiento, así como tampoco ha sido aprobado el proyecto modificado de las obras".
