El Pleno aprobó este viernes por unanimidad el acatamiento de requerimiento de anulación de la aprobación definitiva del Plan Especial de Desarrollo de Actividades en la zona de viñedos del término municipal de Jerez, así como instar a la Junta a que ofrezcan las alternativas que hagan viable este proyecto. Es el nuevo capítulo del enfrentamiento entre ambas administraciones en torno a un proyecto que nació con todos los parabienes y que en este momento permanece enquistado, pendiente del tira y afloja que mantienen Ayuntamiento y Consejería de Agricultura bajo la esperanza de que puedan llegar a sentarse en algún momento y determinar el cauce que permita su aprobación definitiva.
Eso es lo que esperan, fundamentalmente, los viñistas, ya que han depositado muchas esperanzas de relanzar su actividad económica mediante la explotación turística de sus caseríos y viñas de la mano de este proyecto. Así lo entienden las dos principales organizaciones agrarias que engloban a los viñistas del Marco, COAG y Asevi-Asaja, que coinciden en reclamar a Ayuntamiento y Junta la necesidad de sentarse para llegar a un acuerdo definitivo.
Según Miguel Pérez, secretario general de COAG, “el plan del viñedo es una gran oportunidad, pero se ha convertido en un arma arrojadiza entre ambas administraciones. Pensábamos que se debía a la confluencia de las elecciones europeas, pero siguen los problemas”. Desde COAG piden a ambas partes que tengan en cuenta que el Marco “lo está pasando mal y que el plan del viñedo esté paralizado es un lujo que no nos podemos permitir. A nosotros lo que nos gustaría es que se sentaran y se pusieran de una vez de acuerdo. Tan difícil no es”, apunta Pérez, quien subraya que hay “razones poderosas para llegar a un acuerdo y no entiendo por qué no se firma un acuerdo bilateral, que es lo que esperamos todos y que, además, sirva de ejemplo a otras ciudades de la provincia que se puedan sumar a este tipo de iniciativa”.
Por su parte, Francisco Guerrero, presidente de Asevi-Asaja, resalta que el viñista es quien sale perjudicado de esta situación. “Hay unos caseríos maravillosos en el Marco que se están deteriorando por días por las dificultades económicas que tenemos para mantenerlos, y este tipo de propuesta necesita de un acuerdo para poder salir adelante”. Para Guerrero, ha llegado el momento de que “dejen los intereses políticos y vean los del pueblo, porque se le podría sacar partido a unos caseríos inmensos que ya no valen para el viticultor, y dar fama a los viñedos”.
Antonio Saldaña, portavoz del Gobierno municipal, ha apuntado que el problema está en que “la Junta tira la piedra y esconde la mano. Si ellos no tienen alternativa, nosotros sí las tenemos. Lo único que les pedimos es que nos sentemos y nos digan qué es lo que hay que cambiar. Si no les gusta el nombre le ponemos otro, lo que haga falta, pero que digan qué es lo que hay que cambiar para que nos den su aprobación”. En suma, insiste, el objetivo del plan es eliminar trámites y trabas para facilitar la iniciativa de los viñistas, “no hemos inventado nada en lo que respecta al uso de los suelos”.
Por su parte, desde el PSOE recuerdan que se trata de un problema de legalidad. “Estamos de acuerdo con el proyecto, pero que se haga conforme a la ley, que es lo que está pidiendo la Junta”, expone el portavoz socialista, Luis Flor.
Anulación del plan
El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, explicaba en el pleno que “la razón principal de acatar esta anulación solicitada por la Junta de Andalucía ha sido evitar la vía del Contencioso-Administrativo, con la que había amenazado la administración autonómica, que supondría la defunción de este documento, paralizar un proyecto ilusionante y dejarlo inerte durante dos o tres años. Acatamos esta anulación porque no queremos que se duerma este documento”.
Muñoz también expuso que “el objetivo del Ayuntamiento no era el enfrentamiento con la Junta de Andalucía, queríamos llegar a un punto de entendimiento con la administración autonómica para un documento que creemos que es legal y que lo único que pretende es reducir plazos y costes para que los viñistas puedan desarrollar actividades de interés público”.
Desde la Junta, a la que se le ha pedido por vía plenaria que presente su propia alternativa al plan del viñedo municipal, ya ha respondido, a través de su delegado territorial, Federico Fernández, quien ha recordado que “las competencias en materia urbanística las tiene el Ayuntamiento”, y que si éste tiene un objetivo, ha de “definir una herramienta para lograrlo”, al tiempo que se ha puesto a disposición para que los técnicos se reúnan e intercambien impresiones sobre la viabilidad y la idoneidad de las diferentes herramientas para que el Plan Especial del Viñedo pueda desarrollarse.
