El Gobierno municipal asegura que ha tramitado todos los expedientes relacionados, tanto con el secuestro como con la resolución de la concesión del servicio de autobuses con Urbanos Amarillos, cumpliendo todos los requisitos legales.
El Gobierno entiende, por tanto, que “no existe motivo para acudir a la jurisdicción penal” y que la denuncia presentada por Urbanos Amarillos “parece que constituye más un intento de presionar al Ayuntamiento en el momento en que se está procediendo a la liquidación del secuestro y del contrato”.
Desde el equipo de Gobierno se señala que “Urbanos Amarillos tiene conocimiento de que ambas liquidaciones están en tramitación. En este sentido, el Gobierno deja claro que en estas liquidaciones se respetarán todos los derechos que marque la ley por parte del Ayuntamiento”.
El Ejecutivo destaca el esfuerzo que ha hecho tanto el Ayuntamiento como los trabajadores para normalizar el servicio, que después de dos años de secuestro ofrece datos muy significativos con respecto al incremento interanual de usuarios. De esta forma, el 6 de mayo de 2012 el número de usuarios era de 2.630.052, el 6 de mayo de 2013 de 3.544.382 y el pasado 6 de mayo, de 4.191.271 usuarios.
Cabe recordar que el cambio de gestión del servicio de autobuses urbanos fue aprobado en Junta de Gobierno y posteriormente en pleno, el pasado mes de mayo, contando con el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía tras emitir un dictamen favorable a la resolución del contrato con Urbanos Amarillos y proceder, por lo tanto, a aprobar esta resolución contractual con la concesionaria citada.
Este dictamen preceptivo favorable fue recibido el 6 de mayo como respuesta a la propuesta de resolución del contrato con Urbanos Amarillos que le remitió el Ayuntamiento el pasado 22 de abril, tras desestimar las alegaciones a la incoación del procedimiento presentadas por la concesionaria Urbanos Amarillos el día citado, el Consejo Consultivo fue taxativo: “La causa que da lugar a la resolución del contrato es el incumplimiento de obligaciones contractuales, demostradas en el expediente y declaradas en sentencia judicial, por lo que resulta aplicable la causa de resolución”.
De esta forma, el dictamen reflejó que “es un hecho debidamente acreditado en el expediente presentado por el Ayuntamiento que el concesionario ha incurrido en los incumplimientos contractuales que estaban previstos como obligaciones en el pliego de condiciones del servicio, obligación que ha de ser considerada esencial pues se refiere al objeto mismo del contrato”.
Por otro lado, el Gobierno recuerda también que hay una sentencia del mes de abril que avala el procedimiento, por la que el TSJA falla a favor del Ayuntamiento en el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra la Sentencia que obliga a la concesionaria al abono de 1,9 millones de euros por la compra de la flota existente en 2011.
Según esta sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fallaba a favor del Ayuntamiento en el recurso de apelación 450/2013 interpuesto por Urbanos Amarillos contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez dictada el pasado 23 de julio de 2013.
