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Huelva

La Junta destina 6,5 millones a medidas urgentes para impulsar el empleo entre los parados de más de 30 años

Fiscal ha remarcado que la actitud de la Junta contrasta con la del Gobierno central que \"sigue sin aprobar un plan especial para nuestra comunidad como ha hecho para Extremadura y Canarias, comunidades con importantes índices de paro\"

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  • Muñoz y Fiscal -

La Junta de Andalucía destinará 6,5 millones de euros en los dos próximos años a un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población de más de 30 años, uno de los colectivos más duramente castigados por la crisis económica. Así se recoge en el Programa Emple@30+, que seguirá pautas similares a las de los vigentes planes contra el paro juvenil y que incluye, entre otras medidas, una nueva línea de incentivos a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la contratación en proyectos sociales.
   Según han explicado los delegados de la Junta en Huelva, José Fiscal, y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, este programa incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos y dotada con 4,9 millones, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones, informa la Junta en un comunicado.
   Fiscal ha explicado que "ésta es una nueva medida del Gobierno andaluz para luchar contra los índices de desempleo, que viene a completar los planes puestos en marcha por la Junta para que todos los sectores de población puedan beneficiarse de los mismos y lograr un trabajo temporal a lo largo del año", refiriéndose al Plan de Empleo Juvenil, el Plan de Choque por el empleo y los decretos contra la Exclusión.
   Fiscal ha remarcado que la actitud de la Junta contrasta con la del Gobierno central que "sigue sin aprobar un plan especial para nuestra comunidad como ha hecho para Extremadura y Canarias, comunidades con importantes índices de paro", y ha asegurado no entender que "no haga lo propio con nuestra comunidad atendiendo a cuestiones arbitrarias y estrictamente políticas".
   Para el desarrollo de este programa, ha subrayado que el Gobierno andaluz "se alía con ayuntamientos y las entidades sin animo de lucro, a través de dos grandes líneas de ayuda, en un esfuerzo de la Junta por atender a aquellas personas que lo están pasando peor por la crisis".
   Por su parte, el delegado de Economía ha mostrado su confianza en que todos los ayuntamientos de la provincia se sumen al programa por el bien de sus vecinos y eviten la confrontación con el Gobierno andaluz en su lucha contra el desempleo. También ha destacado que el trabajo con las entidades sin ánimo de lucro cumple un triple objetivo, ya que, en primer lugar, posibilitan un puesto de trabajo a personas desempleadas que van a aumentar su empleabilidad con la experiencia que adquieran en estos meses de trabajo, consolidan la labor de las asociaciones en su entorno y, en definitiva, se obtienen unos frutos que revierten en toda la sociedad onubense

BENEFICIARIOS DE LA BANDA
   Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
   Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
   La primera de las iniciativas, denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+, tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local. La Junta sufragará el 100 por cien del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año.

REPARTO TERRITORIAL
   Como medida de equilibrio territorial, la Junta distribuye las ayudas entre todas las localidades atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años. Así, el 50 por ciento se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y el 50 por ciento restante según la población. No obstante, la Junta garantiza una ayuda  mínima de 7.800 euros por municipio.
   Por su parte, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo promoverá la contratación de personas desempleadas, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales; recursos de proximidad y a domicilio; gestión sostenible; economía social y emprendimiento; innovación; comercio de proximidad; comercio exterior; tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente y recursos naturales, y cultura, ocio y deporte. En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.
   Los criterios de valoración primarán el número de contratos, su jornada y el tipo de proyecto --con mayor puntuación para los relacionados con servicios sociales y atención a la dependencia--, así como la aportación financiera de la organización promotora.
   Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración --inscritos como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos-- que estén empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación. Los ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa.

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