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Viernes 15/11/2024
 
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Jaén

Las administraciones deben 38,7 millones a los autónomos de Jaén

La deuda de las administraciones públicas con los autónomos jienenses aumenta en más de un millón de euros en un año

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  • Aumentan los autónomos en Jaén -

La administraciones públicas deben a los autónomos de la provincia 38,7 millones de euros, una deuda contabilizada este mes de septiembre y que ha aumentado en un año en 1,1 millones a pesar de los planes de pago a proveedores del Gobierno.

Estas dificultades se reflejan en los datos, que muestran una falta de consolidación del empleo autónomo. Así en la capital a fecha 31 de agosto había 6.287 autónomos, 54 más que hace un año. Un aumento neto que esconde muchas variaciones de altas y bajas.
La morosidad es junto con la falta de liquidez y la competencia desleal algunos de los principales

problemas a los que se enfrentan los autónomos, según explicaba a VIVA JAÉN, el vicepresidente la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor.

De hecho, a pesar que la ley de Morosidad establece como plazo máximo de pago,  111 días para el sector público y 81 para el privado, sin embargo, en Andalucía el plazo medio de pago de la administración pública, ya sea autonómica, diputaciones, ayuntamientos o empresas públicas, es de 132 días. En este sentido, Amor critica que mientras al autónomo se le cobra un recargo del 20% desde el primer día que se retrasa en el pago, ellas lo hacen sin ningún cargo.

Respecto al crédito, critica las exigencias que ponen las entidades bancarias a la hora de conceder dinero para circulante casi imposibles de cumplir, mientras que el autónomo no recibe ninguna ayuda.

Ley morosidad

En el primer año de entrada de la Ley de Morosidad, las Administraciones Públicas siguen sin adaptarse a la misma y el periodo medio de pago de Andalucía de 132 días,   21 días por encima de lo que establece la ley (111 días).

Según la encuesta trimestral realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, en este tiempo los periodos medios de pago han bajado en las administraciones locales, mientras que se mantienen en las Comunidades Autónomas y suben en la Administración Central.

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