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Miércoles 27/11/2024
 
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Sevilla

De Llera denuncia la sobregarga de los juzgados de lo mercantil

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado que los juzgados de lo mercantil se encuentran en una situación \"terrorífica\" de sobrecarga de trabajo, por lo que ha exigido Estado más jueces para solucionar la situación, ya que la Junta no puede afrontarla en solitario

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El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este miércoles que los juzgados de lo mercantil en Sevilla se encuentran en una situación "terrorífica" de sobrecarga de trabajo, por lo que ha exigido al Ministerio de Justicia más jueces para solucionar la situación, argumentando que el Gobierno andaluz no puede afrontarla en solitario.

   En respuesta a una pregunta oral formulada en comisión parlamentaria por el PP-A, De Llera ha insistido en que "la solución no puede venir solo desde la Junta, sino que mucho tiene que decir también el Gobierno central si queremos dar soluciones estructurales a los problemas de sobrecarga de los juzgados".

   En este sentido, ha recordado que "algo tendrá que ver en la sobrecarga de los órganos judiciales, entre otras causas, que nos situemos como país que tiene una media de jueces por habitante diez puntos por debajo de la media europea y, además, en Andalucía esta media se sitúe por debajo de la nacional".

   El consejero ha señalado que Sevilla cuenta con dos juzgados de lo Mercantil con sendas plantillas de cuatro gestores, cinco tramitadores y un auxilio judicial, las mismas con las que cuentan todos los juzgados de lo Mercantil de Andalucía.

   Además, la Junta ha reforzado el número 1 con un tramitador de refuerzo que viene prorrogándose desde enero de 2011 y los dos órganos judiciales cuentan con refuerzos desde hace aproximadamente 16 meses y un secretario más para las dos sedes, que vienen prestando sus servicios desde marzo de 2012.

   Según el consejero, es necesario reforzar los órganos judiciales con mayor carga de trabajo pero no hay que olvidar que "los refuerzos no son inagotables y, por tanto, se han de optimizar los recursos de los que disponemos actualmente".

   De Llera ha recordado que las plantillas de funcionarios no han podido ser incrementadas en estos años por razones de contención del gasto público y de limitación en la reposición impuesto por el Gobierno central.

   Sobre los factores de la sobrecarga de los juzgados de lo Mercantil, el consejero ha explicado que "pueden ser muchos pero no podemos olvidar que estamos ante una de las jurisdicciones con mayor incidencia en la carga de trabajo en los últimos años como consecuencia de la crisis que nos azota desde 2008".

PP-A CRITICA QUE DE LLERA "ECHE BALONES FUERA"

   Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Salas ha preguntado al consejero qué medidas va a llegar a cabo su departamento después de que los jueces hayan dado "la voz de alarma" sobre la situación de los juzgados de lo mercantil, donde hay "acumulación de procedimientos, cargas de trabajo inhumanas o plazos para fijar juicios o dictar sentencias sencillamente inasumibles".

   Tras apuntar que esta "llamada de auxilio" no viene solo de los jueces, sino de las quejas de las empresas y los ciudadanos, "los más perjudicados por el colapso de los juzgados de lo mercantil de Sevilla", Salas también ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha trasladado al Gobierno andaluz su preocupación por esta "gravísima" situación.

   "Estamos muy alejados de la tutela efectiva con datos escalofriantes, que suponen que la entradas de demandas concursales desde el último semestre de 2013 asciende a 783, frente a las 1.241 demandas mercantiles", ha manifestado Salas, quien ha considerado "absolutamente decepcionante" que el consejero se dedique a "lavarse las manos" y echarle la culpa al Gobierno de Rajoy.

   En su turno de réplica, De Llera ha respondido que si el Gobierno de la Nación pusiera más jueces el Ejecutivo andaluz pondría también más funcionarios, siempre dentro de las posibilidades que le permitan la limitación presupuestaria impuesta por el Gobierno.

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